El PUPSOC contra el destierro

Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano defendiendo el territorio de los megaproyectos y el terrorismo de Estado.

El PUPSOC por la educación gratuita

Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano por los estudiantes y con los estudiantes defendiendo la educación pública.

El PUPSOC en los barrios

Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano presente en los campos y ciudades.

El PUPSOC con el arte y la cultura

Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano trabajando por la cultura y los artistas en beneficio de la sociedad.

El PUPSOC con la Marcha Patriótica

Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano luchando junto a la Marcha Patriótica para alcanzar la Segunda y Definitiva Independencia.

viernes, 7 de agosto de 2009

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, DEL PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO.

Dando cumplimiento a lo ordenado por el Primer Congreso Agrario, Obrero y Popular del sur-occidente colombiano, sesionó durante los días 4 y 5 de julio de 2009 la Asamblea Departamental del Proceso de Unidad Popular del Sur-occidente Colombiano al cual asistieron sesenta (60) delegados en representación de organizaciones populares de los sectores obreros, campesinos, indígenas, afrocolombianos, barriales y estudiantiles del Departamento del Valle e invitados fraternales.

Esta Asamblea corresponde a todo un trabajo paciente, pero constante, de las organizaciones del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, el cual se ha realizado en medio de las condiciones más difíciles ante la arremetida del Estado y su ilegal e ilegítimo gobierno, en cabeza del dictador de turno Álvaro Uribe Vélez, contra las masas populares, sus organizaciones y dirigentes, las cuales no han renunciado a sus luchas por sus reivindicaciones políticas, económicas, sociales y culturales.

El Estado burgués y su gobierno corrupto, para apuntalar su poder y tratar de salir de la crisis económica y política creada por ellos mismos, aplica su dictadura para legislar y actuar contra los intereses de las masas populares del campo y la ciudad. Aplicando al máximo la variante del sistema capitalista en su modelo neoliberal, que privatiza lo público, los derechos adquiridos y plasmados en cartas y convenciones internacionales, destruye su aparato productivo nacional y entrega los sectores estratégicos de la economía a los monopolios extranjeros, para lo cual pone en práctica el plan de Desarrollo Nacional impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

Estas políticas son aplicadas por el gobierno departamental del gobernador Juan Carlos Abadía, cuyo centro es la entrega de la soberanía nacional y de las riquezas naturales del país a los monopolios extranjeros e impedir que se construya la soberanía popular mediante la intensificación la guerra contra el pueblo colombiano y la profundización del fascismo.

La problemática política del Departamento del Valle del Cauca se caracteriza por la práctica del terrorismo de Estado a través de la aplicación de la estrategia paramilitar que hoy se recompone en el departamento a través de las llamadas bandas emergentes al servicio del narcotráfico que son utilizadas como táctica de guerra contra el pueblo y sus intentos de cambiar las condiciones deplorables a que ha sido sometido por las clases dominantes. El departamento del Valle del Cauca no ha sido ajeno al desarrollo de practicas como las desapariciones forzadas o mal llamadas "falsos positivos". La oposición rotunda del gobernador al despeje de dos municipios en nuestro departamento para buscar la realización de un acuerdo humanitario, la corrupción del Estado en el manejo clientelistico de la corporación autónoma regional C.V.C, el afán de la burguesía caleña para que se privaticen las empresas municipales de Cali, La complicidad entre el gobernador y los dirigentes de la asamblea departamental para impulsar la pignoración de los recursos de los vallecacaucanos en los próximos 20 años con el objetivo de realizar grandes obras que desde su origen son y serán fuente de corrupción y de oxigenación de las ganancias de las empresarios vallecaucanos aliados del gobierno nacional y representados en la cámara de comercio de Cali. Así mismo, La violación de la soberanía alimentaria al exterminar la economía campesina y las semillas nativas para imponer la dependencia alimentaria en el departamento y en el país a través de los cultivos transgénicos y la producción de necrocombustibles por encima de la producción de alimentos para el pueblo y sometiendo a los obreros de la agroindustria azucarera a la mas humillante forma de explotación y opresión esclavista negándoles sus derechos no solo laborales sino humanos.

El gobierno nacional aplica a fondo el acelerador de la política privatizadora de la función pública en el sector de la salud, la educación, la vivienda, la recreación, los mal llamados servicios públicos domiciliarios, que hacen parte de la función publica estatal y el transporte, en donde se han privatizado las vías públicas, prohibido el libre tránsito y lo mas perverso: niegan el derecho al trabajo de cientos de trabajadores y pequeños propietarios, además de someterlos a jornadas intensas de muchas horas.

La violación al mismo código laboral y de los acuerdos internacionales de la OIT por parte del Ministerio de la "protección social" cuando se impide la organización sindical de los trabajadores, e profundiza la persecución sindical y se le violentan sus derechos, permite y fomenta el cierre de empresas, caso de Sidelpa del monopolio Gerdau-Diaco, los despidos injustificados, la violación de las convenciones colectivas de trabajo, la persecución sindical, la estigmatización a los sectores mas pobres, constituyéndose el Estado en el primer violador de los derechos humanos, laborales y del Pacto Inter nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el contexto internacional, la profunda crisis estructural y cíclica por la que atraviesa el sistema capitalista y la agresión imperialista tiene su raíz en la contradicción fundamental entre la producción social y la apropiación particular de las riquezas por parte de la clase dominante. Esta se caracteriza por su carácter estructural y cíclico del capitalismo, que ha hecho que estalle en pleno corazón del imperialismo: Los Estados Unidos de Norteamérica, en los dominios del capital monopolista especulativo financiero y se manifieste en el dominio del crédito y el comercio. Igualmente, dicha crisis incrementa la agresión y arremetida militarista del imperialismo en el mundo, particularmente en América Latina a través de los gobiernos títeres y sus ejércitos, los grupos paramilitares mafiosos, el terrorismo de Estado y la guerra sicológica para reprimir las luchas de los pueblos. Todo esto en el marco de un importante desarrollo de las tendencias progresistas democráticas de algunos gobiernos en América Latina, producto de las luchas de masas de esos pueblos, que no se pueden estancar, y que cuentan con el apoyo de otros pueblos del mundo.

En medio de esta crisis el imperialismo (norteamericano y Europeo) ha echado mano de la guerra económica, social, política, ideológica y jurídica como salida, para a través del derecho burgués, crear normas que le favorezcan, descargar sobre las espaldas de los pueblos del mundo su crisis; promover guerras focalizadas, en la lógica de fortalecer una economía de guerra, característica del fascismo. Así, deja ver su naturaleza de Estado fascista al aumentar sus agresiones a los pueblos del mundo utilizando gobiernos fantoches a su servicio como el de Israel y otros, para agredir a pueblos como el palestino, iraki y otros, imponer gobiernos mafiosos como en el caso de Kosovo o de Colombia, garantizar la permanencia de sus tropas invasoras en varios países y preparar agresiones e invasiones abiertas, en especial en América Latina.

No podemos dejar de analizar, porque nos alerta, dentro de esta situación latinoamericana, la "nueva" táctica de golpe de Estado militar en Honduras contra el gobierno democrático de Zelaya para entronizar en el poder una dictadura burguesa fascista violentando su propia constitución burguesa, con la complicidad de un parlamento corrupto, muchos de cuyos miembros se habían emboscado en las filas progresistas que luego traicionaron.

Esta Asamblea Departamental del PUPSOC se constituye en un espacio democrático popular en donde se han debatido temas políticos de interés para las masas y sus organizaciones populares; se analizó el trabajo realizado en el departamento del Valle del Cauca desde el Primer Congreso del año 2007 hasta la fecha, se plantearon las fortalezas y los aciertos y se sacaron a flote las debilidades, deficiencias, errores en el trabajo y los métodos empleados, presentando propuestas de correctivos para que, una vez aprobadas y mediante el trabajo organizado, disciplinado y persistente, se puedan dar solución a los problemas.

La Asamblea Departamental del PUPSOC, declara que es urgente y necesario reafirmar nuestro compromiso de lucha, unidad, movilización y organización al lado de las organizaciones populares, para aplicar en la práctica social las conclusiones de esta Asamblea, las cuales deben de servir como guía política para nuestro trabajo y crear los mecanismos democráticos necesarios para el control, análisis y evaluación constante de nuestras acciones. Como un medio para avanzar en la construcción, fortalecimiento y consolidación del PUPSOC; como un espacio de coordinación, articulación y lucha de las amplias masas y sus organizaciones populares para enfrentar la arremetida terrorista del Estado y su ilegítimo gobierno que, a través de sus parlamentarios, han elaborado contra el pueblo colombiano, aplicado y sostenido mediante la represión, el chantaje y el terrorismo.

Así mismo, esta magna Asamblea llama a las organizaciones obreras, campesinas, sindicales, populares, y a sus dirigentes, a trabajar en la organización y preparación del segundo paro cívico nacional a realizarse en el mes de Octubre, aprovechando que las condiciones objetivas expresadas en la miseria, el desempleo, la corrupción, la entrega al capital extranjero, el hambre; están dadas para conseguir la anhelada unidad de los empobrecidos, a través de sus organizaciones guiadas por la premisa de la lucha de clases.

La Asamblea Departamental del PUPSOC Valle del Cauca, esta construyendo con las masas populares del campo y la ciudad, el diagnostico de sus problemas en los ejes político, económico, social y cultural para que hagan parte de los pliegos departamental y municipal, los cuales se ratificaran en el trabajo de la movilización y organización de las masas populares.

¡Por la unidad de los sectores populares del departamento del Valle del Cauca!

¡Viva el Proceso de Unidad Popular!

Santiago de Cali, Julio 5 de 2009.

Tesis: Problematica Urbana.

PROBLEMÁTICA URBANA

Vivienda digna como derecho fundamental, reforma urbana integral y propiedad de la tierra, nuevo concepto de desarrollo urbanístico y Servicios públicos domiciliarios

CAUSAS DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Es el producto del régimen social burgués, que además de explotar y oprimir a los sectores populares, niega el derecho a la vivienda digna.

Tesis:

-El problema de la vivienda esta íntimamente ligado con la tenencia de la tierra. Esto ha afectado no solo a los trabajadores, sino a los sectores populares en su conjunto. Históricamente el problema aparece junto con la propiedad privada de los medios de producción, en manos de un sector minoritario de la sociedad o clase dominante;

-La agudización de la problemática de la vivienda es una consecuencia más de la estrategia de desocupar el campo colombiano para apropiarse de las tierras, riquezas y recursos naturales, a partir de la utilización de la guerra como instrumento para desarrollar las políticas neocoloniales de saqueo y de expansión del capital y de profundizar la división internacional del trabajo en los países atrasados y dependientes, dejándolos como proveedores de materias primas o como parte de las llamadas “cadenas productivas” agravando la dependencia social y política.

-Como consecuencia del proceso de acumulación de capital y la necesidad de desarrollar nuevos mercados la clase dominante, a través de las llamadas “políticas publicas” , promueve el desplazamiento urbano hacia la periferia de las ciudades, buscando que le desocupen la ciudad ; para ello recurre a la especulación y violencia inmobiliaria, a los altos costos de los servicios públicos privatizados y a la elevación de los impuestos, generando verdaderos ghetos, hacinamientos, inseguridad social y más pobreza.

-El desmantelamiento acelerado de las pocas instituciones que se encargaban del bienestar social y la venta de las empresas estatales, contribuyen al abandono de la responsabilidad social con la población y a la pérdida creciente de ingresos públicos. La municipalización de las obligaciones junto a la disminución de los presupuestos –participaciones-para los departamentos y municipios, lleva a éstos a buscar los ingresos a partir de más cargas tributarias o impuestos, amenazando y haciendo más crítica la supervivencia de los sectores populares.

Sustentación: La propiedad de la tierra, en su mayoría, se encuentra en pocas manos, sobre todo en la burguesía latifundista agro exportadora de las transnacionales, que las poseen o han desterrado a los campesinos mediante la modalidad de “arrendamiento” , para cultivos que sirven como materia prima de las llamadas cadenas productivas. Los campesinos han sido desterrados hacia tierra de baja calidad o a los centros urbanos, apoderándose la burguesía del mayor porcentaje de las mejores tierras aptas para la agricultura.

En otros casos, las transnacionales destierran a sus legítimos propietarios, en complicidad con las fuerzas oficiales y paramilitares, de sus territorios ricos en recursos naturales como los hídricos y minerales.

Las ciencias sociales han demostrado que los “cinturones rojos” o asentamientos, donde habitan hacinados los obreros, los trabajadores informales y los desempleados, son barrios insalubres que constituyen focos de epidemias por las condiciones de miseria en que viven en razón a la negativa del Estado a cumplir con su función social de suministrar servicios públicos y demás derechos fundamentales a la población.

La clase dominante dejó en manos del especulador sector financiero, su responsabilidad social, entregándole la autonomía de convertir el derecho a la vivienda en un negocio. Los subsidios son utilizados para llevar a cabo la especulación con la vivienda de interés popular, estas “viviendas de interés social”, construidas por el capital financiero y sus empresas, responden sólo al interés privado del capital al margen de las necesidades sociales y económicas de los sectores populares.

Los proyectos de vivienda del estado burgués son construidos en las periferias, alejados del espacio público útil de la ciudad, como verdaderos ghetos, sin posibilidad de valorización, de generar empleo desde los hogares, sin amoblamiento urbano,- guarderías, bibliotecas, parques recreativos, centros de salud, escuelas, centros de atención al anciano, etc,-, con características de construcción y urbanismo deprimentes como calles estrechas y sin luz natural. Estas “soluciones de vivienda” no consultan las condiciones económicas de pobreza de la población, y someten a un proceso de “bancarizacion a los pobres”, expandiendo el mercado financiero a través del UVRs y el micro-crédito bajo la suposición de empleo e ingresos estables, por demás inexistentes.

-La estrategia de endeudamiento o “bancarizacion de los pobres”, es considerado un negocio seguro ya que la gente hace hasta lo imposible para no perder su vivienda. “Hacer lo imposible” , desde el punto de vista político y del control social de la población y en las condiciones socioeconómicas actuales, significa ser más competitivo con los iguales y más servil con los superiores, trabajar más y en peores en condiciones, aceptar cualquier vejación con tal de no perder el trabajo, no solidarizarse con nadie que se encuentre en una situación parecida, en definitiva, convertirse en una persona marcada por el miedo y la soledad que se aferra con todo lo que puede a lo poco que tiene: El modelo perfecto de ciudadano en un Estado totalitario!


VIVIENDA DIGNA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

La vivienda como derecho a la supervivencia de los pueblos hace parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tesis:

La vivienda como derecho, debe ser provista a través del Estado y debe ser vista como un espacio de convivencia, intimidad y caracterización de la familia

El espacio público hace parte de infraestructura social básica de la ciudad y al igual que los bienes sociales, son de carácter y construcción colectiva, históricamente no pudieron ser producidos, en forma adecuada, por el “mercado capitalista” y pasaron a ser provistos por el Estado.

Sustentación.-La vivienda en condiciones dignas es un derecho humano inalienable, a cargo del Estado e incorporada al concepto de desarrollo compatible de la sociedad como parte de la naturaleza. Debe responder a requerimientos de amplios espacios interiores y equipamientos comunitarios que garantice, entre otros , el derecho a los servicios públicos, la educación, la salud y la recreación, que favorezca el desarrollo saludable del ser humano y no el concepto capitalista y su variante el modelo neoliberal del desarrollo sostenible o sustentable o rentable que separa la sociedad y naturaleza.

Reforma Urbana Integral y Propiedad de la Tierra

Tesis:
Se requiere una reforma urbana integral, en la cual el Estado sea quien asuma sus responsabilidades y cumpla su función social garantizando una vivienda en condiciones dignas y adecuadas a todo ser humano.

No se puede entender una reforma urbana integral y democrática por fuera de la dialéctica de una movilización coordinada y beligerante de las fuerzas populares, como verdaderas conductoras del proyecto de cambio.

Espacio público útil: El espacio público como tal debe estar al servicio del bienestar de la mayoría de la población. Debe contar con infraestructura social y colectiva, con servicios públicos, ser construido y mantenido en óptimas condiciones por el Estado y debe pertenecer y estar al servicio de todos, y no como hoy al servicio del sector Bancario, al comercio, al turismo, a la especulación inmobiliaria



Sustentación:

En esta reforma urbana debe quedar claro y expreso que son sus habitantes quienes deben tener el derecho y poder de decisión para planificar el desarrollo urbanístico; este debe ser compatible con las necesidades y aspiraciones sociales, económicas, políticas y culturales de las masas; debe ir acompañada de una política de no pago de impuestos por los trabajadores y demás sectores populares, toda vez que a través de estos, los obreros y demás sectores populares ven reducidos sus míseros ingresos y son obligados a vender sus viviendas e irse a los extramuros de la ciudad al no poder soportar la inmensa carga tributaria .


NUEVO CONCEPTO DE DESARROLLO URBANÍSTICO

“Son radicalmente excluyentes los términos desarrollo y dependencia: no existe un solo caso en el mundo de país que haya sido desarrollado por la potencia que lo explota y oprime, ni se concibe el caso de una nación dominante que estimule y financie la independencia de las economías satelizada.
Antonio García Nossa

Tesis:

El Estado burgués y su clase dominante dependientes del imperialismo, desarrollan a través de las llamadas políticas públicas, traducidas en legislación, las directrices del Banco Mundial y el FMI diseñadas para los países dependientes y atrasados. Estas políticas promueven el desplazamiento urbano, la negación de los beneficios de la ciudad a los pobres y actúan en favor de la acumulación del capital, la especulación inmobiliaria y el desmonte de las responsabilidades estatales a través de las privatizaciones como la de los servicios públicos, situación esta que empeorará con la firma del TLC.

El argumento de promover la inversión privada y extranjera como elemento de promoción del desarrollo ha demostrado históricamente que no resuelve el problema de la pobreza y las míseras condiciones de vida de la población mayoritaria.

El proceso de desarrollo urbanístico no puede estar alejado del desarrollo social autónomo; debe enmarcarse dentro de la perspectiva de una construcción democrática y popular en la cual el pueblo discuta y tenga poder de decisión para planificar y construir la ciudad que la inmensa mayoría requiere y necesita de acuerdo a sus necesidades económicas, políticas, sociales y culturales. No puede darse el desarrollo sin inversión social, sin transferencias, con privatización de lo público, con “derechos” en beneficio del capital, con la existencia de seres humanos en la más completa miseria a quienes se les niegan sus derechos fundamentales. Pensar en ciudad es pensar en democracia, las crisis de ciudad son en realidad crisis sociales, económicas y políticas.

Sustentación: Concebimos como un verdadero desarrollo social y humano aquel que está al servicio de sectores populares que habitan la ciudad y el campo para lograr una mejor calidad de vida; donde la igualdad social sea su norte y la ciudad se coloque al servicio de las masas trabajadoras y su bienestar y no éstas al servicio de un concepto esclavizante de desarrollo urbanístico en beneficio del capital. El desarrollo debe darse siempre y cuando no se anteponga al bienestar de las masas trabajadoras y sea compatible con al sociedad y la naturaleza.

La ciudad debe ser considerada como un espacio estratégico para edificar una sociedad más justa e igualitaria. La ciudad como el campo, están habitados por seres humanos que pertenecen a diferentes clases sociales, situadas en un territorio en donde el poder y control lo ejerce una clase social que impone un sistema de desarrollo urbanístico.

Pero a la vez es la manifestación de la contradicción entre el campo y la ciudad que la sociedad debe resolver, pero no es posible hacerlo dentro en la sociedad capitalista.

El primer reto en la construcción de ciudad es la conquista de una verdadera democracia en la cual el pueblo trabajador tenga poder de decisión y donde el interés publico esté por encima del interés privado.

La falta de una democracia popular y el sistema político imperante han hecho que nos construyan espacios fragmentados, no espacios únicos en igualdad de condiciones sociales; donde las viviendas y el amoblamiento urbanos nos dividen, a la vez que encarcelan la individualidad y castran la participación. Una ciudad donde no hay espacio para los pobres: La ciudad de ellos y no la ciudad de todos!

La ciudad no es sólo espacios físicos, éste es un componente esencial más no el único. Crear espacio público no es un acto técnico de ingeniería, es ante todo una acción política que nos lleva a pensar y decidir sobre lo que somos y queremos ser, como sociedad libre de explotación y opresión.

La ciudad debe estar atravesada por el derecho a la palabra y al libre pensamiento; por el derecho a la creatividad, pero sobre todo por la democracia y la solidaridad!

Todos estos razonamientos hacen parte del proyecto político y social por una nación democrática, autónoma y popular.


SERVICIOS PUBLICOS

Servicios públicos como una función pública:
Tesis:

Los llamados servicios públicos son en realidad una función pública, darle la categoría de “servicios” es quitarle su naturaleza de derecho fundamental; de función de Estado, la cual debe garantizar con cobertura, universalidad, calidad, responsabilidad; con la participación democrática y poder de decisión del pueblo. Al darle categoría de servicio lo que se hace es llevarlo al mercado como mercancía!

Como una función del Estado, no debe, ni puede estar al servicio del capital, pues el interés de éste solo es la ganancia y no el bienestar de la comunidad. Es fundamental para que el ser humano pueda disfrutar de su derecho a una vivienda que garantice su desarrollo integral.


El Agua no es un recurso

En el caso del agua, este no es un “recurso natural, ni bien público y mucho menos puede dársele la categoría de mercancía, como lo predica el sistema capitalista. Es un derecho de todos los seres vivos, es un elemento vital para la supervivencia de los pueblos y para conservar la vida en nuestro planeta, por lo tanto no es un derecho exclusivo del ser humano.


En forma ilegitima el capital logró que la función pública se convirtiera en “servicios prestados por privados. En esta forma, una obligación del Estado, se convierte en función comercial en manos del capital privado. Este no solo se aprovecha de los trabajadores, sino a las necesidades de la población para expandir el mercado y acrecentar sus ganancias. El capital privado no debe aparecer en al función pública.

Mientras esto suceda, tal como lo permite y fomenta la constitución política de Colombia , y la Ley 142 de 1994; la privatización de los servicios públicos no es una amenaza sino una realidad.

En cuanto a los subsidios que otorga el Estado a los estratos 1,2 y 3 al igual que los programas “familias en acción”, “guarda-bosques”, etc., estos hacen parte de la política asistencial, de derechos sociales convertidos en limosnas. Al desarrollar la doctrina del Banco Mundial de discriminación de la población, la cobertura universal se convierte en “cobertura asistencial”; una vez trazada esta línea divisoria, orientan los subsidios hacia los empobrecidos de por vida, para mantenerlos definitivamente separados del mercado laboral. El objetivo político es crear mecanismos de control social que anticipen y desactiven las protestas de los sectores populares!


Denuncias que las ONG, en su gran mayoría, cumplen una función de intermediación entre el imperialismo, las multinacionales, la clase dominante, para conciliar y reproducir las “políticas publicas” en contra del pueblo.


Sustentación:

a) Objetivo social de la función publica
b) El contexto histórico, económico , social y político

a) Objetivo social de la función publica: Los llamados servicios públicos, hacen parte de los derechos sociales de la población, como la salud y la educación y son en realidad una función pública, que como hemos dicho deben obedecer al principio social universal que señala como el interés publico debe prevalecer sobre el interés privado o particular; para tal efecto debe ser democrático y no pertenecer a la esfera de lo privado. Como función del Estado debe tener objetivos de bienestar social, no comercial, que garanticen la calidad y cobertura universal mediante la reinversión social a favor de la población, como parte crucial en el logro de la calidad de vida de los pueblos.


b) El contexto histórico, económico, social y político: La acumulación del capital y la necesidad de ampliar los mercados, han llevado al sistema capitalista a apropiarse y desarrollar el negocio de los servicios públicos, a partir de la comercialización de las necesidades básicas de la población, es decir de sus condiciones de reproducción social. Las multinacionales, con el capitalismo norteamericano a la cabeza, avanzan por el control de los recursos naturales y los territorios, incluidas sus necesidades elementales.

En este contexto debemos analizar una de las características relevantes de la época en que vivimos: el mercado capitalista encarece las necesidades básicas –monopolios naturales como los servicios públicos- por un lado, empeorando las condiciones de sobrevivencia, buscando generar utilidades a partir de estas .

En este contexto de lucha de clases el imperialismo, como etapa última del capitalismo, ha impuesto su variante estratégica: el neoliberalismo, acompañado de la globalización del capital, para tratar de salir de la crisis cíclica a costa de profundizar la explotación y opresión de los pueblos sumiéndolos aun más en el hambre y la miseria, amenazando su sobrevivencia.

El problema de los llamados servicios públicos domiciliarios ha sido provocado y dirigido por la clase política y la oligarquía colombiana a través del Estado, para finalmente entregar el patrimonio publico a las transnacionales.


SECTOR VIVIENDA

PROPUESTAS:

1.- Incluir las posibilidades de generación de empleo desde los hogares o las comunidades. Con la participación de éstas, se debe establecer el área –en metros cuadrados-adecuada, teniendo en cuenta factores como numero de personas o familias que la habitan, actividad de subsistencia, etc. Denunciar como inadecuada los 35 M2 definidos por el Estado como área mínima para la vivienda de “interés social”.

2.- Exigir que las políticas estatales para los proyectos de vivienda de interés popular tengan las condiciones de calidad y adecuación urbanística requeridas o amoblamiento urbano, como son parques, vías terminadas, espacio publico etc.-guarderías populares funcionando más allá de la jornada laboral.

3.- En las políticas estatales para vivienda popular se debe implementar la utilización de materiales alternativos.-y la capacitación y empleo directo de las comunidades en la construcción de los proyectos.
4.- Las organizaciones populares de viviendistas deben luchar por la participación activa en la construcción democrática - de los P.O.T. -, de planes locales de desarrollo y planificación urbana.

5.- No a la sobretaza de los costos de prediales y que se realice de acuerdo a una política acorde a la situación de las comunidades.-los ingresos fiscales no pueden estar soportados en su mayor porcentaje sobre los hombros de los sectores populares.

6- Expropiación de tierras pertenecientes a los terratenientes urbanos del país, propietarios de lotes de engorde,-obligación para los urbanizadores particulares dentro del espacio útil de la ciudad de pagar un impuesto adicional para la vivienda popular.

7.- No a la privatización de parques recreativos –las juntas de acción comunal, promueven el cobro por utilización de estos escenarios, con el argumento de costear su mantenimiento – al contrario se debe exigir la inversión del Estado en el mantenimiento y mejoramiento de los mismos,

8.-Destinación de tierras aptas para vivienda popular de las que hoy son propiedad del Estado o que se encuentren con otra destinación.

9.-Control y la valorización de lotes no utilizados que incrementan su valor cuando se urbanizan sectores aledaños

10.-Legalización de las recuperaciones donde la comunidad se haya establecido.

11.- La prohibición de venta de suelo público, con destino diferente a vivienda popular.

12.- Inicio de un amplio proceso de debate y consulta que deberá llevar a la elaboración de una nueva Ley de Arrendamiento Urbano que haga efectivo y garantice el derecho al alquiler en condiciones tolerables para la población.

13.- Moratoria en las reformas urbanísticas, hasta que se haya realizado un estudio de impacto social y medioambiental en cada una de las actuaciones y hasta que no se hayan elaborado mecanismos para garantizar la participación real de la comunidad en cualquier decisión que afecte su entorno vital de la ciudad.

14. los nuevos procesos urbanísticos deben garantizar la recuperación y el respeto cultural de los pueblos, enfatizando en el fortalecimiento de la tradición y demás elementos culturales, además de garantizar la participación de la comunidad en la elaboración de dichos proyectos.

15.-Nacionalización de las industrias del sector de la construcción

16. Implementar una política popular de defensa de la vivienda.

17.- Promover el estudio y la utilización de las herramientas jurídicas y constitucionales con una interpretación desde el campo popular, y si es el caso desarrollar manuales que nos permitan detener los atropellos de las empresas de servicios públicos y del sector financiero.

18.- Promover mecanismo de resistencia, defensa, recuperación de la vivienda y de confrontación a las “políticas públicas” del Estado y el mercado capitalista.

19.-Agregar a las propuestas un capitulo donde se identifique plenamente la relación de la problemática urbana con la carencia de una política agraria que incluya una reforma a la propiedad de la tierra, que ayudará a solucionar el problema urbano.



SERVICIOS PUBLICOS

PROPUESTAS:

1.--Exigir la modificación de los artículos 365 - 370 de la Constitución Nacional que promueven la privatización. Así como la derogatoria de la ley 142 de 1994 o ley de servicios públicos.

2.-Que sea el Estado quien responda, repare e indemnice al pueblo por los atropellos, robos y daños causados al patrimonio social de los colombianos.

3.-Rescindir, echar atrás los desventajosos contratos que las Empresas de Servicios Públicos han suscrito con las empresas del sector privado.

4.-Las tarifas deben ser justas y asequibles al pueblo de acuerdo a sus condiciones económicas de pago.

5.-Detener las privatizaciones de las empresas estatales y nacionalizar completamente las que han sido privatizadas.

6.-No a la reestratificación, al desmonte de los subsidios, no a la disminución de los consumos de subsistencia.

7.-Denuncia y lucha por la eliminación de las llamadas “Comisiones de Regulación” como órganos estatales, que fijan las fórmulas tarifarías, al servicio del negocio de los servicios públicos

8-No permitir que los derechos fundamentales, el agua, las funciones públicas y obligaciones del Estado con el pueblo, sean objeto de ningún tratado o acuerdo comercial.

9.-Esta función pública debe estar enmarcada dentro de la declaración de los derechos de los pueblos de Argel.

10.-Los acueductos veredales deben seguir en manos de la comunidad, pero se debe presionar y obligar al Estado a invertir los recursos necesarios para garantizar la integralidad en gratuidad, calidad cobertura y autonomía de las comunidades.

11.- Las empresas prestadoras de servicios públicos deben ser estatales- no privadas y/o “sin ánimo de lucro”-; además el manejo y administración debe basarse en el criterio de bienestar social y no en la “eficiencia neoliberal” que las equipara a empresas netamente comerciales.

12.- Las familias de bajos ingresos no deben pagar servicios públicos-estos deben ser subsidiados totalmente por el Estado. Se debe garantizar un consumo mínimo no facturable para los sectores populares.

13.-Los empleados de las empresas de servicios públicos deben ser conscientes de la importancia estratégica de estos en la supervivencia de los sectores populares. Deben ser conscientes que su papel esta al lado del pueblo y no como soldados del neoliberalismo: Patrocinadores, defensores y ejecutores de sus políticas de atropello y persecución a los usuarios.

14.-El alumbrado público debe ser costeado por los municipios y no a cargo de la población .

15.-Promover la participación democrática en el control, manejo, y gestión de los rellenos sanitarios.


TRANSPORTE

Tesis:

La infraestructura vial y operativa del país ha sido concebida y construida obedeciendo a un criterio comercial, de concurrencia, pero sobre todo para una economía extractiva y no a un criterio social de beneficio general.

La “política pública” de contaminación ambiental pretende la monopolización del parque automotor, por lo tanto favorece el saqueo, el Tratado de libre Comercio y la entrega de nuestros recursos naturales; incrementando las importaciones desde los Estados Unidos, y las grandes potencias.
Esta política esconde la necesidad de hacer inversiones en el mejoramiento de la calidad del combustible que se utiliza en el país.

Sustentación:

Se esta ejerciendo presión para que los pequeños propietarios modernicen o se vean obligados a retirar los vehículos con el argumento de agotamiento de su “vida útil”.

Tesis:

La reparación y mantenimiento de las vías utilizadas por el transporte de carga pesada de las empresas en manos del gran capital, corre a cargo del presupuesto público mientras que la apropiación de las utilidades es privada.

Sustentación:

El mantenimiento de las vías se hace a través de concesiones en su mayoría con recursos del Estado
Tesis:

El estado invierte en infraestructura vial en las ciudades para adecuar el espacio público a los sistemas de transporte masivo. Paralelamente el sector privado lo usufructúa para beneficio de unos pocos. La implementación de estos proyectos que obedecen a los intereses de los organismos de la banca internacional, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros, generando el desplazamiento y la ruina de los pequeños propietarios.

Tesis:

La privatización de la infraestructura vial construida con dineros públicos se da en la práctica a través del cobro de “derechos” por utilización de la misma. La pretensión de crear peajes urbanos profundiza la pérdida del derecho al transporte público y la libre locomoción de los ciudadanos.


PROPUESTAS:

1. Inversión de las empresas de transporte masivo a cargo del estado.

2. Impedir la privatización de las carreteras por vía de las concesiones o cualquier otro medio. Estas deben ser construidas, operadas y administradas por el Estado. Se debe exigir de manera inmediata la reversión de todas las concesiones actuales, sin indemnización, permitiendo la participación popular en todos los procesos.

3. Se debe rechazar la implementación de impuestos, peajes y sobre tasa a los hidrocarburos.

4. Nacionalización de la explotación, exploración, transporte, refinación e industria de los hidrocarburos y demás recursos naturales.

5. El Estado debe garantizar todos los derechos laborales a los trabajadores del sector del transporte.

6. Democratizar el crédito a unas tasas similares o inferiores a las que tiene el gran capital.

7. Exigir el derecho al transporte como función publica a cargo del Estado.

8. Alertar a las comunidades frente a las nuevas formas que el Estado puede implementar para privatizar las vías.

9. Promover que el transporte de carga, este en manos de los pequeños propietarios, la eliminación de los intermediarios, y el patrocinio del Estado.

10. La planeación de las vías en los pequeños municipios debe obedecer a la necesidad del control de su territorio de acuerdo a los criterios de sus comunidades.

11. Exigir inversión en el mejoramiento de la calidad e los combustibles por parte del Estado. El precio de los combustibles debe tener como referencia los costos reales de producción, debe ser inclusive subsidiado.

12. Promover la creación y fortalecimiento de las asociaciones de usuarios de transporte público.



DEFINICIONES:

Desarrollo : Es el resultado histórico de un proceso global de cambios-económicos, sociales, culturales y políticos- cuyos elementos básicos son la movilización de las fuerzas populares identificadas en la construcción de una nueva sociedad y el pleno desarrollo de las fuerzas productivas mediante la utilización sistemática y planificada de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros, culturales y tecnológicos existentes.

Atraso y dependencia : El atraso no es un estadio o etapa de desarrollo sino un estado y en consecuencia un país no podrá desarrollarse mientras subsistan las estructuras de dominación y dependencia que generan ese estado o condición estructural. Las sociedades dependientes crecen pero no se desarrollan; desde este punto de vista es fundamental la diferenciación entre desarrollo y crecimiento, ya que desarrollo supone capacidad de movilización de fuerzas y de recursos con un sentido de transformación global de las condiciones y formas históricas de vida y crecimiento consiste sólo en la elevación de unos coeficientes de producto o ingreso por habitante.

Políticas Públicas: entendemos políticas públicas como aquellas trazadas por el Estado y que obedecen a las directrices de la Banca Multilateral, contrario a los intereses populares de las comunidades.


Término en inglés: ghetto o gheto
Definición: Territorio o área poblada por minorías o grupos sociales o étnicos reducidos en el que es difícil que pueda entrar la gente ajena a ellos.

Sinónimos: arrabal, suburbio, periferia, afueras, extramuros

Tesis: Soberania Popular

SOBERANIA POPULAR

I. ELEMENTOS TEMÁTICOS PARA CONSTRUIR NUESTRA POLÌTICA POPULAR SOBRE SOBERANIA


Cuando hablamos de soberanía, sin lugar a dudas estamos hablando de la capacidad real de tomar decisiones y hacerlas cumplir. Por ello esta expresión es tomada y construida de acuerdo a ciertos intereses que en últimas instancia son intereses de clase; ejemplo: la soberanía nacional que predica el sistema capitalista desconoce la lucha de clases y en últimas defiende los intereses de los terratenientes, industriales, comerciantes y banqueros nacionales e internacionales; otra cosa es la soberanía popular que se consolida cuando lo que se defiende son los intereses de las clases trabajadoras de un conglomerado social.

El Estado mantiene y reproduce las relaciones de producción que lo erigieron como tal o que lo sostienen, eso hacen los Estados capitalistas, no es cuestión de maldad o bondad. De acuerdo a las políticas del sistema capitalista ningún sector de la producción debe existir sin convertirse en un eslabón de su modo de producción, tendrá que someterse a las formas técnicas que el capital ha desarrollado para producir, para apropiarse en forma privada de la naturaleza, medios de trabajo y de los seres humanos o fuerza de trabajo; todo absolutamente todo debe estar en el mercado como forma de generar ganancia de la cual apropiarse en forma privada.

Por lo expuesto, es comprensible que el enfrentamiento entre la fuerza de trabajo y los dueños del capital se agudizan: desde las formas de producir hasta los valores que surgen de esos modos de vivir están hoy en un enfrentamiento sin cuartel. En lo ideológico, económico, político, social, cultural y ambiental; estas dos fuerzas antagónicas se están enfrentando de forma que cada vez serán más violentas y desesperadas.

Si realmente entendemos que los Estados capitalistas, tienen por función adecuar las sociedades y territorios a los intereses y dictámenes de ese modo en que se produce y del cual ellos son efecto e impiden el movimiento y transformación de esa sociedad, como parte de su misma naturaleza, por consecuencia lógica debemos interrogarnos sobre la clase de soberanía que construye cada forma de Estado. Si nosotros en nuestra lucha pretendemos transformar esa sociedad. ¿En qué consiste precisamente esa transformación? ¿negamos esa sociedad? ¿O cómo vamos más allá de lo que ella nos plantea?

En la lucha de clase global, es fundamentalmente que los pueblos mantengan o conquisten su SOBERANIA respecto a las condiciones de todo tipo que les permitan vivir sin dependencia, para poder pensar artífices de su destino.

El desarrollo histórico de las formas de la lucha de clases en el mundo, nos muestra que el capital transnacional ha avanzado en forma vertiginosa e increíble respecto a las formas que implementa para la dominación espiritual y material de la humanidad.

La ideología que sustenta a la sociedad organizada de acuerdo al modo de producir del capital, ha adquirido fuertes grados de sofisticación. Esa ideología en su forma de dominación hace difícil pero URGENTE develar lo siguiente:

1. La unidad entre el Estado capitalista y el grupo de hombres y mujeres que se constituyen en la clase dominante.
2. La relación con los bienes que les permiten apropiarse privadamente de la fuerza de trabajo de otros hombres y su relación con los otros seres humanos y con ellos mismos.

Estos velos son los que debemos tratar de quitar en cada oportunidad que tengamos, tarea que exige estudiar los principios y leyes sociales descubiertos en la historia y la naturaleza del estado capitalista.

La corporaciones transnacionales, son hoy en día la forma como se presenta “la clase dominante” del Capitalismo, de ello se deriva Estado corporativo señalándose así una relación privilegiada entre el Estado y las empresas cuyos intereses son defendidos por aquel; en este sentido un adecuado preámbulo de nuestra constitución Política sería: “Colombia: Estado Democrático Social de Derecho. S.A.”

La conquista de la soberanía Popular es el reto. ¿Cómo enfrentar este reto? ¿Cómo no caer cómodamente en la negación de la sociedad que consideramos injusta para ser capaces de ir más allá y transformarla? ¿Cómo ser capaces de potenciar la semilla de la nueva sociedad que se gesta desde esta para que esa nueva posibilidad de soberanía se materialice desde ahora?

Las diversas prácticas del Gobierno Popular, debemos mirarlas y tomar lo que de ellas nos pueda servir, concretar iniciativas de soberanía popular es una tarea inmediata, buscar el posicionamiento de estas prácticas es urgente. Así como el desconocimiento de toda la legislación anti popular del Estado y el avance en la construcción de leyes populares que apalanquen la soberanía popular.



Elementos metodológicos para construir esa política Popular sobre Soberanía

Estos elementos nacerán de la entraña misma de las comunidades, sus organizaciones y los hombres y mujeres que se destaquen al seno de los sectores trabajadores y explotados al seno de un proceso de aprendizaje complejo en que el ensayo, error, experiencia práctica y teórica, preguntas, deliberación, participación y racionalización permitan depurar una política popular sobre soberanía, lo cual en la medida que consulte ese sentir del pueblo, canalizará en forma adecuada la energía popular en el escenario de la lucha de clases.

Esta propuesta de trabajo dirigida a organizaciones agrario-obrero y popular, tendrá por condición que deberá ser presentada e n todos los sectores que confluimos en el proceso de Unidad Popular del Sur-occidente, valiéndose de diversos recursos que inviten a pensar, a decir, a escuchar y aplicar lo que se calla.

Es así como se analiza, se complementa, se aplican y se asumen planteamientos adecuados que permitirán avanzar en la lucha política.

CONSIGNAS DE MOVILIZACIÓN

1. Rechazo total al Tratado de Libre Comercio –TLC- porque atenta contra: recursos naturales (petróleo, carbón y minerales, páramos, cuencas, etc.), servicios públicos (agua. Energía, telecomunicaciones, transporte, gas, etc.), salud, posición estratégica, sistema judicial, educación y la cultura, medios de comunicación.
2. Nacionalización de los recursos naturales.
3. Romper con todos los pactos sociales económicos y políticos que nos atan al imperio.
4. Derogatoria de las leyes colombianas que atentan contra la soberanía popular y propender para una reforma constitucional desde lo popular.

PROPUESTAS

1. Debemos empezar desde los procesos locales como asociaciones, juntas de acción comunal, comités veredales, barriales, etc., donde se exija que cualquier proyecto que el Estado o las ONGs, pretendan realizar en las comunidades, debe ser consultado, construido y ejecutado con ellas mismas y no con agentes externos que no conocen las realidades locales, además, la misma población es la que conoce los problemas y cuales son prioritarios de solucionar.
2. Fortalecer y promover la identidad y la cultura tanto nacional como las diferentes expresiones locales que se puedan dar.
3. Oponernos a cualquier tipo de intervención extranjera, de cualquier país imperialista norteamericano o europeo, ya sea militar, económica o de cualquier tipo.
4. Luchar por recuperar la producción nacional de productos alimenticios que suplan el mercado local, regional y nacional; fortaleciendo y recuperando los mercados locales, ferias campesinas, intercambios veredales, plaza de mercados, y rompiendo con las llamadas cadenas productivas.
5. Desmonte de los batallones de alta montaña y del escuadrón móvil anti-disturbios (ESMAD).
6. Qué se fortalezca el comité binacional de los pueblos de frontera colombo-ecuatoriano que existe entre las organizaciones sociales y populares del Lago Agrio del Ecuador y la coordinadora campesina del medio y bajo Putumayo, articular este proceso con las organizaciones populares de Nariño y Carchí, Esmeralda y Tumaco.

La causa de la opresión es una sola. Así esta se manifieste de diferentes maneras (falta de empleo, educación, vivienda, salud, racismo, etc.) por lo tanto no debemos dividir las luchas, por el contrario debemos unirnos y solidarizarnos con las luchas y reivindicaciones de las diferentes organizaciones sociales, ya que todas ellas persiguen un objetivo común: Bienestar de la población.

Tesis: El sistema Judicial Colombiano

EL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO

El poder del Estado se exterioriza a través del derecho, de las normas jurídicas, de las leyes, así entre Estado y Derecho se establece una fuerte unidad; el Estado es activo y su movimiento es el Derecho, lo jurídico sin estado no es posible. El orden constitucional y jurídico regula la propiedad privada sobre los medios de producción, garantiza la empresa y crea calidades legales de propietarios, compradores y vendedores, patronos y obreros. En la realidad, frente a la aparente igualdad del hombre frente a la ley, el obrero es desigual al patrono, el deudor al acreedor, el comprador al vendedor. Sin embargo esa desigualdad jurídica, sirve en la relación de producción capitalista.

El poder institucionalizado regula, ordena, disciplina los sucesos, la vida en la sociedad, expidiendo actos obligatorios que toman la denominación de leyes, decretos, sentencias. Las relaciones de producción y de clase se recogen en instituciones y normas que dominan los actos “sociales, individuales y colectivos”. El poder institucionalizado es el poder de la clase dominante. El Derecho y por lo tanto el sistema judicial no puede ser estudiado y considerado como una norma aislada de la sociedad, debe ser visto como resultado de unas relaciones materiales, de producción y de clase que se impregnan en sus contradicciones y luchas y sirven a los móviles de la clase dominante, por tanto, se puede afirmar que el Derecho es herramienta de clase, el Derecho tiene sentido clasista. El derecho no lleva intrínsico el concepto de justicia, sino de interés de clase dominante, el concepto de “dura es la ley pero es la ley”, tiene ese fondo de imposición y dominación clasista.

La rama Judicial, como uno de los tres pilares del poder del Estado, cumple la función de mantener el sistema de dominación capitalista e imperial. Junto con el poder Legislativo y Ejecutivo, han sido instituidos para garantizar la explotación e imposición de la burguesía sobre el pueblo explotado y trabajador.

En el sistema penal colombiano, la reforma judicial que hoy se implanta bajo el marco de la cooperación internacional, se enmarca en parámetros impuestos desde los Estados Unidos, con una visión neoliberal de la justicia, esto es “la pacificación con visos autoritarios” en la medida que esta pacificación es vista como la condición esencial para el funcionamiento de los mercados. La rama judicial, no solamente apalanca el neoliberalismo en otros sectores, sino que dicha rama judicial, al reducir el tamaño del estado, convierte en “servicios” lo que antes era considerado “derecho” convirtiéndose esta rama judicial en parte de un terrorismo institucionalizado del Estado, que parte de la privatización del “servicio de Justicia” que lo convierte en mercancía. Por otro lado, en el impulso de la agenda política contra el “terrorismo” y el narcotráfico, que se traduce en el fortalecimiento del aparato penal colombiano, desconociendo garantías procesales, como el derecho de defensa, el debido proceso, la contradicción de la prueba y demás derechos fundamentales reconocidos en el bloque de constitucionalidad .

Hoy se privilegia el fortalecimiento de juzgados y tribunales con miras a la eficacia y rapidez en sus decisiones de casos, antes que solucionar los impedimentos que no permiten el acceso de la mayoría de los ciudadanos a la justicia. Las reformas al sistema penal van encaminadas a obtener resultados rápidos que puedan ser medidos, como por ejemplo, el número de detenciones y condenas por los delitos de la rebelión y terrorismo, la cantidad de judicializados y condenados por narcotráfico, lo cual lleva al aparato judicial a servir a los intereses en este momento de la clase “narcoparamilitar” que gobierna. Entre más detenidos y condenados por los delitos de rebelión y terrorismo, más ayuda obtendrá del gobierno norteamericano.

Es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID- la encargada de imponer un modelo de justicia, de financiar y capacitar a jueces, fiscales y defensores públicos en todo el país para la puesta en práctica del sistema penal acusatorio, el cual entró a regir a partir del 1 de enero de 2005 mediante la Ley 906, que reformó el Código de Procedimiento Penal. Mediante el Acto Legislativo 03 de 2003, se introdujeron modificaciones a los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de instituir este nuevo sistema, para hacer supuestamente más rápida la aplicación de la justicia y juzgamiento. Mediante la Ley 890 de 2004, en su artículo 14, eleva todas las penas del Código Penal de una tercera parte del mínimo a la mitad del máximo. De igual manera el sistema carcelario esta subordinado y depende en todo su accionar y estructural del Buró de Prisiones de los Estados Unidos, las cárceles de máxima y mediana seguridad, son construidas, monitoreadas y vigiladas desde ese país. No es gratuito entonces, el interés de los Estados Unidos en implantar, financiar y capacitar a los funcionarios judiciales, busca castigar a quienes nos oponemos al saqueo y dominación imperial. El sistema Penal Acusatorio, busca en realidad hacer más gravosas las penas y la prontitud en su aplicación, principalmente aquellos delitos que son conocidos como Políticos, estos son la Rebelión, la sedición y la asonada y estos en concurso con delito de “Terrorismo”, termino ambiguo que puede aplicarse por parte de jueces y fiscales arbitrariamente. Es peligrosa las facultades del fiscal, antes de acusar, tiene un término muy amplio de más de dos años para recaudar pruebas, entre otras, ordenar seguimientos a una persona, interceptar teléfonos, vigilar viviendas, actuación de agentes encubiertos y la defensa solo tiene 30 días para probar y controvertir en el juicio oral. Situación supremamente grave, pues en la práctica este sistema se orienta a castigar a los luchadores populares. Además, solo hay dos maneras de acceder a la defensa, teniendo recursos para pagar un abogado o acudiendo a la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, esta última con sus limitaciones como entidad estatal y dependiente del mismo sistema. Para enfrentar esta desigualdad en la defensa, se propone la creación de una Asociación o Barra de Abogados populares, que mediante un sistema de prepago, las organizaciones puedan acceder a la defensa de sus afiliados cuando estos son judicializados.

Contrario a las normas represivas, esta la benevolencia en el trato para con los paramilitares y militares comprometidos en violaciones de Derechos Humanos. La Ley 975 de 2004 (nótese que todas estas leyes han sido promulgadas en el gobierno de Uribe Vélez) mal llamada “De justicia y paz” fue aprobada por un Congreso de la Republica constituido en su mayoría por paramilitares, y sancionada por Uribe Vélez, con el fin de legalizar, por un lado las grandes fortunas amasadas con el narcotráfico y las tierras arrebatadas a los campesinos, se habla de más de cinco millones de hectáreas de tierras usurpadas con la violencia a los trabajadores del campo. Esta ley cobija solo a los jefes paramilitares se calcula para unos 300 capos, imponiéndoles penas ridículas de máximo ocho años de prisión en cómodas cárceles y colonias agrícolas, a cambio de que confiesen los delitos cometidos, así estos hayan sido grandes masacres de ciudadanos inermes, crímenes de les humanidad, desplazamientos forzados, despojo de tierras, etc., y la gran mayoría de los paramilitares rasos y mandos medios, que pueden ser unos 32.000, ya fueron beneficiados mediante la Ley 782 de 2002 y su Decreto Reglamentario 128 de 2003, con la que les permitió su “reinserción” a la vida civil, otorgándoles aportes económicos y otras prebendas en pago a sus servicios prestados, ninguno de estos hombres, así estén comprometidos en graves delitos van a ser judicializados y peor hoy, amparados con la impunidad retornan a sus andanzas con otros nombres.
De la Justicia Penal Militar, solo podemos esperar impunidad, como consecuencia de la reproducción de practicas de obediencia, solidaridad, formación militar y paramilitar la solidaridad de cuerpos entre los militares, el principio de subordinación y obediencia debida, lo cual no permite que esta sea una verdadera justicia, es una pantomima para disfrazar los crímenes y violación de los derechos humanos por ellos cometidos, al asumir los militares colombianos las doctrinas de “Seguridad Nacional” y “enemigo interno” (que plantea la creación de fuerzas alternas a las oficiales – fuerzas paramilitares – con las cuales los gobiernos narcoparamilitares no infringen directamente los pactos internacionales) y de guerra sucia en desarrollo de teorías contrainsurgentes impuesta por el gobierno Norteamericano al colombiano. No hay un solo oficial de alta graduación que haya sido condenado por los tribunales militares, así estén comprometidos en crímenes de lesa humanidad, como el caso del general Rito Alejo del Río, por la conformación de grupos paramilitares y masacres en el Urabá Antioqueño.

No podemos dejar a un lado la Jurisdicción especial Indígena, reconocida en la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 246 que faculta o traslada a los Cabildos indígenas competencias para juzgar y condenar a sus integrantes, su filosofía debe ir encaminada a lograr el bienestar, la paz y la armonía de las comunidades indígenas. El Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, respeta la jurisdicción especial indígena y propenderá por su reflexión crítica al interior de las comunidades para lograr que este instrumento se convierta verdaderamente en un elemento de unidad comunitaria, de fortalecimiento organizativo y cultural.

Los cambios sustanciales que requiere el país, no los podemos esperar con este sistema, los cambios en la justicia no se logran con un congreso corrupto y paramilitar que solo van en detrimento de las libertades y bienestar de todos los colombianos. Se requiere de cambios profundos en las estructuras del estado tanto en lo social, económico y político, tal como hoy comienza a caminar el pueblo venezolano y como el cubano que ha sabido sobreponerse al poder del imperialismo. El Proceso debe propender por la creación de un sistema de justicia popular, con tribunales populares para resolver y dirimir los conflictos sociales, económicos y políticos en las comunidades organizadas; aspectos como la propiedad privada y colectiva, las obligaciones, las relaciones interpersonales y comunitarias. Las contravenciones, delitos afrontados con sistemas punitivos capaces de resarcir los daños y resocializar a los infractores particulares y comunitarios.

Reconocemos que en algunas zonas de reserva campesinas y comunidades organizadas en torno a la autodeterminación; por su grado de organización y en consecuencia de la inaplicabilidad del sistema judicial Colombiano a las características particulares de las comunidades, les ha sido posible avanzar en la aplicación de una justicia propia permitiendo resolver de manera justa e imparcial los conflictos suscitados al interior de la comunidad logrando así un mayor grado de fortaleza, empoderamiento y participación al interior de la zona

La Resistencia Civil y objeción de conciencia, son forma valida de oponerse a la aplicación e imposición de leyes injustas que atentan contra el pueblo

Tesis: Salud

SUSTENTACIÓN TEÓRICA:

La crisis del actual sistema de salud no es algo reciente, data desde hace décadas, la “crisis” tiene toda una historia que compromete seriamente al Estado. Historia que se agudiza el 23 de septiembre de 1993 día en que el gobierno colombiano aprobó la ley 100, conocida como reforma a la seguridad social.
La nefasta ley 100 de 1993 adoptó un sistema de salud que se llama de aseguramiento, por medio del cual se hacen millonarios pagos a unas aseguradoras llamadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y unas Administradoras del Régimen subsidiado (ARS). Así mismo creó las IPS que son contratadas por las EPS, constituyéndose al final en administradoras de los recursos que ponen los contribuyentes para ser contratados con ellas mismas por medio de las IPS creadas por los mismos entes privados. Esto corrompió aún más el sistema y fueron fundamentales en la política de privatización del derecho a la salud pues, acabaron con la red pública hospitalaria.
Tres de los principios que constituyen los pilares en los que se fundamenta el sistema actual, han sido perversamente enfocados en detrimento de la salud y calidad de vida de los colombianos: el primer principio de la universalidad que se refiere a la garantía de la protección social para todas las personas sin discriminación alguna, ha sido un engaño al pueblo colombiano, ya que actualmente el 45% de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud. Además, con la creación de los Planes Obligatorios de Salud (POS), se evidencia una discriminación en la atención ofrecida a las personas de los diferentes regímenes, pues el POS subsidiado es mucho más reducido que el contributivo. Además, dentro de estos POS hay limitaciones nefastas en la atención en cuanto a tratamiento de las diferentes enfermedades.
El segundo principio, es la eficiencia, la cual se refiere a la mejor utilización de los recursos materiales y el talento humano, pero esta mejor utilización se refiere dentro de la práctica de este sistema neoliberal a la mayor generación de ganancia económica, se convierte en la condición con que las entidades públicas deben autofinanciarse, lo que actualmente ha llevado a la crisis y sus colapsos financieros de los hospitales públicos.
Por ultimo, la solidaridad, que habla de la práctica de la mutua ayuda entre todos los sectores bajo el principio del más fuerte al más débil; esta solidaridad es uno de los miles engaños a los colombianos ya que en ningún momento los sectores más ricos no aportan, y el Estado no aporta de manera suficiente al sistema de salud.
A esta problemática se le suma la perversa política de “descentralización” consistente en que el Estado se libera de su responsabilidad y la carga sobre las espaldas del pueblo con la falsa tesis de la municipalización. Es un sofismo de distracción para esconder la privatización atendiendo las órdenes del banco mundial y el Fondo Monetario Internacional de privatizar los derechos convirtiéndolos en un servicio del mercado. La técnica para llevar a cabo esta propuesta es la llamada la estratificación la cual es una forma de eludir su responsabilidad y hacer de los derechos de los más pobres un “mercado” para poder entregar los dineros públicos a las empresas privadas de la salud, educación, vivienda, servicios públicos, etc.
Por estas razones, el primer congreso agrario, obrero y popular del suroccidente colombiano hace una propuesta de un sistema de salud donde la salud es un derecho fundamental de los colombianos, parte integral del derecho a la vida en condiciones dignas. Debe ser una obligación del Estado cumplida con equidad y universalidad en cuanto a garantía del derecho, independientemente de su estratificación socioeconómica, etnia, religión, cultura, etc. Debe ser eficiente y eficaz, entendido esto como la calidad en la garantía del derecho a la salud en todos los niveles de atención; sin costo para el pueblo tanto en el diagnóstico médico como en las intervenciones quirúrgicas, tratamientos, medicinas, rehabilitación, etc.
El sistema de salud debe ser solidario, entendiendo la solidaridad no en función del aporte económico, sino que debe ser un concepto que integra la atención y garantía del derecho por parte de las instituciones y trabajadores de la salud. Los objetivos de esta propuesta son:
• Abolir la discriminación, deshumanización y mercantilismo del sistema de salud imperante.
• Defender los derechos humanos que han sido vulnerados bajo este sistema capitalista donde imperan las ganancias económicas en detrimento de la dignidad de las personas.
• Mejorar la calidad de vida con una atención integra y completa en salud, con el fin de aumentar la expectativa de vida de los y las colombianas.
• Formular una propuesta realmente integral, donde la salud no es ausencia de enfermedad sino un estado de equilibrio entre el bienestar mental y físico, en el cual influyen diferentes factores como el medio ambiente, vivienda y educación.
PROPUESTAS
1. Adoptar la declaración de los derechos de los pueblos respecto a la salud.
2. La salud es un derecho fundamental de los colombianos, parte integral del derecho a la vida en condiciones dignas. Debe ser una obligación del Estado cumplida con equidad y universalidad en cuanto a garantía del derecho, independientemente de su estratificación socioeconómica, etnia, religión, cultura, etc. Debe ser eficiente y eficaz, entendido esto como la calidad en la garantía del derecho a la salud en todos los niveles de atención; sin costo para el pueblo tanto en el diagnóstico médico como en las intervenciones quirúrgicas, tratamientos, medicinas, rehabilitación, etc.
3. Las políticas de prevención y promoción no deben ser asistencialistas sino que deben ir en pro de la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades de una forma contextualizada, y deben basarse en el conocimiento específico de las diferentes culturas.
4. En cuanto a los recursos para la salud, deben ser suficientes y deben llegar directamente a las instituciones que garantizarán el derecho, es decir, sin ningún tipo de intermediario, ya que los encargados de la administración serán las comunidades organizadas.
5. Estos recursos deben garantizar la viabilidad financiera de las instituciones, incluyendo en esta la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
6. Las instituciones deben contar con todos los recursos necesarios para que los trabajadores de la salud puedan prestar la atención en condiciones dignas y de igual calidad a todas las personas que lo requieran.
7. En la atención en salud no debe haber limitaciones, todas las personas deben tener acceso a todos los niveles de atención integral que demande sus necesidades.
8. Construir una política de salud preventiva, en el cual la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación limpia y nutritiva, y la visión de un modelo de desarrollo que garantice un ambiente sano, sea base para la orientación en este aspecto del Estado.
9. Teniendo en cuenta que la salud es un concepto integral y que no es solo ausencia de enfermedad, sino que también es afectado por otros factores sociales como la educación, vivienda, medio ambiente, etc. La propuesta en salud debe incluir otras propuestas que tengan como objetivo la defensa y protección del medio ambiente.
10. Devolver la naturaleza pública a todas las instituciones que han sido afectadas por las políticas de privatización, es decir, que por razones de crisis financieras han sido liquidadas y/o cerradas y por tanto privatizadas, siendo el ISS una de las principales.
11. Independizar las instituciones públicas del Estado, es decir, que no estén bajo los criterios actuales mercantilistas, ya que las comunidades organizadas deben ser quienes tienen el poder de decidir y controlar las políticas en salud, y exigir al Estado invertir en salud los recursos que aportamos con nuestros impuestos.
12. Rechazar el patentamiento de los conocimientos tradicionales sobre medicina, pues estos son aportes de la riqueza cultural y natural de los pueblos para ser puestas a disposición de otros pueblos del mundo sin que medie su comercialización y privatización. Este rechazo se debe hacer fortaleciendo mecanismos de resistencia como el empoderamiento de nuestros conocimientos sobre medicina tradicional y natural; esos conocimientos solo deben estar al servicio de los intereses del pueblo.
13. Recuperar los conocimientos tradicionales sobre medicina que tienen los pueblos, posibilitando que estos se conviertan en parte integral de una política de salud que proporcione diversas opciones para el manejo de las enfermedades borrando su estigmatización y reconociéndolos como un aporte de las comunidades al país y al mundo en general. Para esto debemos emprender propuestas de recuperación de los conocimientos sobre medicina tradicional y natural.
14. Defender el territorio de las comunidades y pueblos del suroccidente contra la introducción de organismos transgénicos, que hallan sido objeto de manipulación genética o atómica para ser ofrecidos como alimento humano y/o animal.
15. El proceso de formación de los trabajadores de salud debe sufrir una reforma radical cuyos principios se basen en la formación de trabajadores para la salud con un sentido social contextualizado y cuyo punto de partida en ese proceso de formación sea la vocación y no solo la necesidad o interés de ingresos monetarios.

Tesis: Problematica de Frontera.

PROBLEMÁTICA DE FRONTERA.

Colombia y Ecuador como naciones hermanas, comparten no solo una historia común de ocupación española, y de posterior liberación en la campaña del sur dirigida por el Libertador SIMON BOLIVAR y el mariscal ANTONIO JOSE DE SUCRE.

Los límites de la frontera territorial se definieron mediante el tratado SUAREZ- VERNAZA el 15 de julio de 1916 y tienen una longitud de 586 Kilómetros desde el río Guepí en el oriente hasta la desembocadura del río Mataje en la Bahía de Ancon en el Océano Pacifico, en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño.

Uno de los problemas en la frontera, es el tránsito de personas, que por razones de tipo económico y violencia militar - paramilitar buscan refugio en el hermano país. Según datos oficiales, desde el 2000, las solicitudes de refugio en este país se han incrementado hasta en un 3000%, siendo el 2003 el año más crítico; en forma aproximada se habla de un 53% de emigrantes hombres y un 47% mujeres pero en realidad no se tiene un dato exacto, puesto que muchos de estos desplazamientos no son registrados. También se estima que desde 2001 a la fecha unos 250.000 desplazados han cruzado la frontera de los cuales solo unos 200.000 se han registrado oficialmente; las razones más comunes para este desplazamiento son los operativos paramilitares que cuentan con la complicidad de miembros de la fuerza pública y la implementación del plan Colombia y el plan patriota en cuyas acciones los miembros del ejercito, la infantería de marina y la fuerza aérea colombiana, pasan por alto los tratados entre Estados consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos y los convenios sobre el derecho internacional humanitario afectando gravemente a la población civil que se ve forzada a huir de los sitios donde se adelantan operaciones militares, tal es el caso la frontera Colombo-Ecuatoriana.

El gobierno Colombiano ha desplegado hacia la frontera con el Ecuador más de 8.000 efectivos de las fuerzas armadas: Ejército, Marina y la Policía Nacional. En el departamento del Putumayo tiene sede la Brigada XXVII del Ejército Nacional, que cuenta con seis unidades tácticas, incluidos dos Batallones del Plan Especial Energético y Vial. Adicionalmente, se encuentran destacadas estaciones de la Policía Nacional en todas las cabeceras municipales, así como con una unidad de la Policía Antinarcóticos en el municipio de villa Garzón.

En el departamento de Nariño hace presencia la Brigada XXIX del Ejército Nacional que tiene jurisdicción en toda la franja fronteriza y el Litoral Pacífico nariñense. En el Área centro y occidental opera el Grupo Mecanizado Cabal con sede en la ciudad fronteriza de Ipiales. En el área oriental está desplegado el Batallón de Contraguerrilla No. 57 “Mártires de Puerres”. La zona de frontera comprendida entre la llanura pacífica nariñense y la línea costera, Es atendida por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 70, con sede en el puerto de Tumaco. En está área también opera ocasionalmente un Batallón Antinarcóticos. La Policía Nacional, en la zona de frontera, se ubica en 7 estaciones de Policía pertenecientes a tres distritos adscritos al departamento de Policía Nariño y unidades de la Policía Antinarcóticos.

La frontera ecuatoriana con Colombia comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. En esta zona el Gobierno ecuatoriano tiene apostadas unidades del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, que suman aproximadamente 7000 hombres.

En la provincia de Sucumbíos se encuentran apostados el Batallón de Selva 55 Putumayo, el Batallón de Selva 56 Tungurahua, la Brigada de Selva 19 Napo y el Grupo de Fuerzas Especiales 24 Rayo, sumadas a unidades de fuerzas regulares y especiales de la Policía Nacional, que realizan operaciones de control fronterizo, lucha contra el Narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustibles. Por su parte la Policía Nacional cuenta con unidades en los principales cascos urbanos de la provincia y un dispositivo de control migratorio en el paso fronterizo correspondiente al puente sobre el río San Miguel. En la provincia de Carchi están destacados el Batallón Galo Molina del Ejercito, en Tulcán, y sobre la franja fronteriza unidades pertenecientes al Batallón de Caballería Yaguachi, con sede en Ibarra y del Batallón de Infantería No. 38, con sede en Ambato, los cuales además tienen la responsabilidad de la seguridad entre la línea de frontera y el bloque geográfico central compuesto por las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. Adicionalmente, la Policía Nacional cuenta con unidades en los principales cascos urbanos de la provincia y un dispositivo de control migratorio en el principal paso fronterizo entre los dos países, el puente internacional de Rumichaca.

En la provincia de Esmeraldas, la responsabilidad de la seguridad de la frontera recae sobre el Comando de Operaciones Norte (Coopno), que tiene como responsabilidad la Vigilancia de 84 kilómetros de línea fronteriza, al mando de dos batallones de Infantería de Marina y del Grupo de Fuerzas Especiales No. 25 del Ejército ecuatoriano. Estas unidades se distribuyen entre las zonas urbanas de San Lorenzo y Esmeraldas para protección de infraestructura petrolera, y sobre la zona contigua a la frontera natural demarcada por el río Mataje, donde operan con patrullaje fluvial y costero. Asimismo, la Policía Nacional con el apoyo del Gobierno de los Estado Unidos inauguró en julio de 2005 la base antinarcóticos más importante del país, en la que se encuentran destacadas unidades elites GOE2, GAO3 y antinarcóticos.

Otro de los problemas que se presenta en la frontera tiene que ver con el comercio binacional, dificultades aduaneras, mal estado de la infraestructura vial terrestre y tarifas diferenciales o cobros extralegales son algunos de las dificultades que presenta el comercio binacional que entre Colombia y Ecuador equivale a 406.716.08 Toneladas año.

La dolarización de la economía Ecuatoriana, sucedida en el gobierno de JAMIL MAHUAD, ocurrió, en momentos de una grave crisis económica y política, que tenia al país con una hiperinflación producto de la política monetaria y el déficit fiscal del Estado. La dolarización no solo no resolvió problemas del déficit fiscal ecuatoriano, ni de pobreza y bajos ingresos de la población, sino que también afecto notablemente el comercio binacional y fundamentalmente el comercio formal e informal de los pueblos de la frontera.

Las fumigaciones indiscriminadas, sobre la población que habita en los pueblos fronterizos, constituye otro de los graves problemas de la frontera común. Se ha constatado que han afectado a la salud de personas y al medio ambiente hasta 10 Km. adentro de la frontera. A pesar de haberse constatado personas afectadas con síntomas de intoxicación: mareos, diarreas, vómitos, granos y la muerte niños recién nacidos, el gobierno colombiano se niega a reconocer los daños y aceptar su responsabilidad.

En la actualidad, con la llegada al poder del vecino país del presidente CORREA, se viene dando un cambio al tratamiento de muchos de los temas de la agenda bilateral, no solo no acepta las fumigaciones en la frontera, sino que a demandado al gobierno colombiano por los daños causado; en el caso de la base de manta, a reafirmado que esta debe ser retirada una vez cumpla con el plazo que le fue estipulado por el Estado ecuatoriano. Al guerrerista plan Colombia el gobierno precedido por el presidente Correa, le ha contrapuesto un plan de inversión social y desarrollo de los pueblos de la frontera denominado PLAN ECUADOR, y a manifestado su decisión de no firmar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norte América.
Es evidente que propuestas como la iniciativa regional andina IRA, y toda la militarización de las fronteras con nuestro país, obedecen a los intereses imperialistas norteamericanos en América del sur.
Propuestas para la integración.
La solución a la problemática de frontera, pasa necesariamente por la recuperación de la soberanía nacional, hoy perdida gracias a la forma arrodillada y entreguista como se definen las políticas en Colombia para favorecer los intereses de las multinacionales y obedeciendo los dictados de la Casa Blanca.
Es necesario avanzar en la definición de acuerdos de comercio entre los pueblos de América Latina distintos a los impuestos por las elites gobernantes.
La frontera común con Ecuador debe convertirse en una franja de integración cultural, política y comercial con pleno respeto por el principio de autodeterminación de los pueblos.
Las organizaciones populares, que coordinan esfuerzos en el PUPSOC, deben buscar coordinar acciones de hermanamiento y lucha con las similares de la hermana República del Ecuador.

Tesis: Sobre el Problema Agrario

TESIS SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO

PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE (PUPSOC)

SUSTENTACION

Es primera condición para entender la situación del sector agrario en Colombia, entender las leyes históricas del sistema capitalista, para en un segundo movimiento entender còmo se han desarrollado específicamente en la formación social Colombiana. .

La historia del modo de producción Capitalista en Colombia, es la historia de la negación y despojo de la tierra a los campesinos indígenas y afrodescendientes. El grado de dominación y explotación de los pueblos es directamente proporcional al grado de expropiación de su tierra.

La gula del norte,… con toda su historia de andanadas sangrientas y legislaciones bárbaras, va detrás de las tierras, de las aguas, de las semillas, del conocimiento de los pueblos, de todas las riquezas de la naturaleza y del producto del trabajo de las gentes.


El régimen del capital presupone el divorcio entre los productores y la pro¬piedad sobre las condiciones de realización de su trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre el productor directo y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos, en este caso a los comunidades rurales, en obreros asalariados del agro.

A este proceso de expropiación de las condiciones de realización del trabajo, se le da el nombre de acumulación originaria, que no se refiere a una época remota, es un movimiento permanente del sistema, es el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción, en colombia en los últimos cinco años a casi cinco millones de campesinos se les ha privado de su medio de producción .

El proceso de acumulación originaria implica momentos en que grandes masas de familias, hombres y mujeres se ven despojadas repentina y violentamente de sus medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como prole¬tarios libres, y privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino, al afrodescendiente y al indígena.

Queremos subrayar que lo que yace en el fondo de este proceso es la expropiación del productor inmediato, la disolución del trabajo basada en el trabajo personal de su poseedor, para lo cual se utilizan todos los mecanismos que sean necesarios desde los remates judiciales por hipotecas bancarias, hasta los desplazamientos más violentos que luego se legalizan y desinfectan por medio de instituciones como el Congreso de la República, los notarios o el INCODER que legalizan títulos para bendecir crímenes.

En Colombia como en el mundo asistimos a un momento de profundización de las relaciones sociales de producción para la apropiación privada, basadas en grupos humanos minúsculos, dueños de las condiciones de producción y grupos humanos enormes despojados de estos.

Estas leyes históricas del capital acabadas de exponer que se han materializado en Colombia de la forma más cruda y pura, hacen que hoy en nuestro pais 2425 familias, sean dueñas de más de 60 millones de Hectáreas de las 114 millones que es el área total de la geografía continental colombiana.

La unificación de la propiedad de la tierra es parte de la lucha de clases en la construcción y movimiento de la sociedad capitalista y para el caso de la formación capitalista colombiana las formas del despojo han tenido un significado especial para definir las condiciones y formas especìficas asumidas en la lucha de clases en Colombia.

Este conflicto se remonta a los orígenes mismos de la nacionalidad, a las formas de industrialización urbana y se ha agudizado con el nuevo diseño de la industrialización rural y la adecuación de los territorios de la nación a los intereses y condiciones de una economía mundial, desenvolvimiento de las diferentes formas de las luchas populares cuyas características podremos definir en:


Conflictos económicos.

a) El conflicto que ha suscitado la expropiación a sangre y fuego de tierras por parte de sectores terratenientes, narcotraficantes, esmeralderos, militares, exmilitares paramilitares y en general la clase dominante, por medio de diferentes mecanismos como la expulsión de las tierras, la compra, la expropiación por endeudamiento con entidades financieras que entre otras formas son las que han consolidado los procesos de expansión y dominio territorial en función de los intereses del capital y de las empresas transnacionales.

b) El conflicto que surge entre el escaso acceso de la economía parcelaria y de los medianos propietarios a los diferentes servicios y recursos del estado, en relación con el que tienen los grandes propietarios de la agricultura comercial y exportadora.

c) Imposición de la lógica del capital en la producción, procesamiento y comercialización del agro colombiano.

d) El conflicto entre los productores de materias primas para el desarrollo agroindustrial con los poderes de negociación consolidados en las cadenas agroindustriales.

Conflictos sociales

a) Los conflictos entre propietarios y trabajadores rurales por la remuneración y las mejoras en las condiciones de trabajo.

b) Los conflictos entre la comunidad rural, el estado y sus organizaciones por una mayor atención y solución de problemas relacionados con la calidad de vida, derechos humanos y servicios básicos.
c) El tradicional conflicto entre comunidades rurales sin tierra y grandes propietarios o latifundistas, el cual se manifiesta en las recuperaciones de tierras.

d) La pérdida de identidad y saberes tradicionales de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Conflictos políticos

a) Contradicciones de intereses entre las localidades rurales, las regiones y el poder central.

b) El conflicto político entre el estado y las organizaciones insurgentes.

El sur occidente de Colombia, que conforman los departamentos de Valle, Cauca y Nariño hizo parte del denominado gran Cauca hasta 1905. Desde la conquista y la colonia, el despojo de la tierra a los indígenas, la negación del derecho a la tierra a mestizos y afrodescendientes, ha sido la constante en esta región donde se desarrolló en primer lugar la encomienda de indígenas, la esclavitud de los afrodescendientes y la servidumbre de indígenas y mestizos, configurándose en la mita y la hacienda colonial, una forma de explotación extrema del ser humano. En las luchas de independencia del siglo XIX, Simón Bolívar quiso cambiar esta situación con la expedición del decreto del 20 de mayo de 1820 en Villa del Rosario de Cúcuta, pero a èl se opusieron rabiosamente familias esclavistas como los Cabal, los Caicedo, los Arboledas, los Mosquera y los Obando que como lo cuenta la historia, junto a Francisco de Paula Santander traicionaron los postulados de revolución social pregonados por Bolívar y Sucre; ésta posición fue la que se erigió y sobre la cual se construyó la nueva Republica sobre las bases del sistema feudal y eslavista heredado de la corona española.

Hoy los campesinos: mestizos, indígenas y afrodescendientes siguen siendo los desposeídos de la tierra, se encuentran concentrados en pequeñas parcelas en las cordilleras o en las selvas del pacifico mientras las tierras màs fértiles están dominadas por los terratenientes y explotadas en grandes fincas capitalistas de caña de azúcar, palma africana, en grandes plantaciones forestales de la transnacional irlandesa, Smurfit Cartón de Colombia, o en ganadería extensiva de los herederos de quienes traicionaron al Libertador.

Los campesinos, indígenas y afrodescendientes, tienen que enfrentar al latifundista tradicional, al neolatifundismo narcoparamilitar y a las multinacionales que han puesto sus ojos sobre los recursos de flora, fauna y aguas, cuyos inventarios vienen realizando algunas Ongs “ambientalistas”, las Universidades Pùblicas y privadas, las corporaciones autónomas regionales y el Sistema Nacional de Parques Naturales y Àreas Protegidas.

A la tradicional ocupación indígena y afrodescendiente del litoral pacifico, se suma hoy una desordenada colonización y un desbordado interés de las multinacionales sobre los recursos de este importante ecosistema. Las tierras fértiles de Nariño y Cauca, son ocupadas por latifundistas lecheros y monocultivos de papa, pinos, eucaliptos y palma africana mientras los pobladores rurales se disputan pequeñas fincas y los pocos recursos que el estado destina para adquisición de tierras.

Las comunidades rurales en el Valle del Cauca, han asistido paulatinamente al despojo de sus tierras, primero la expansión de una gran mancha de caña de azúcar los expulso del fértil valle del río, posteriormente, las plantaciones forestales achicaron su economía y sus predios mediante la gran plantación forestal. Hoy el estado mediante la implementación de obras de infraestructura eléctrica y los denominados proyectos de servicios ambientales amenazan su permanencia en las laderas y paramos de las cordilleras del departamento.

Pero no solo por la vía del despojo de la tierra esta amenazada la pervivencia de los campesinos, indígenas y afrodescendientes en el sur occidente. El modelo neoliberal viene implementando políticas que logran engañar a las comunidades. Agricultura por contrato, alianzas estratégicas, encadenamientos productivos y toda una serie de sugestivos programas de “desarrollo rural y agronegocios”, tienen confundidos a los pequeños productores quienes se debaten en el dilema que les plantea continuar aprovechando las ventajas comparativas de economía parcelaria o entrar en las ventajas competitivas que supuestamente les ofrece el mercado capitalista, entre esforzarse por mantener una producción primaria de alimentos para el mercado interno y la recuperación de la soberanía alimentaría o dedicarse de lleno al monocultivo y los productos tropicales para la exportación.

Esta vía de expropiación menos violenta en su método, busca los mismos resultados que las acciones de fuerza del estado a través de sus organismos oficiales y paraoficilales. Despojar del campo a los que ellos denominan ineficientes y molestos campesinos, indígenas y afrodescendientes y afianzar un modelo de agricultura para la exportación con “campesinos” organizados en cooperativas, que encadenados a una “cadena productiva agroindustrial” materialmente ya obedecen a una lógica distinta a la de la producción parcelaria.

La crisis agraria se halla íntimamente articulada a la situación general del país, afectando y siendo afectada simultáneamente por el Régimen Político, la dependencia, el desempleo, la violencia y en general por el Estado Capitalista Colombiano y sus instituciones. Por ello, colocar el campo colombiano a la altura de un Nuevo País, supone la solución de la crisis general del sistema. No existe una solución aislada. No valen los paños de agua tibia.

PROPUESTAS

Para alcanzar estos objetivos se requiere de una Nueva Política Agraria, que debe consultar con estos criterios:

1) Propender por una reforma agraria integral, masiva y democrática, teniendo en cuenta para ello las legislaciones especiales para grupos étnicos y la propiedad colectiva sobre la tierra, la tierra serà apropiada en forma colectiva, por los campesinos, mestizos indígenas y afrodecendientes, para la construcción de territorio, en un proceso que apalanque nuevas formas de relaciones productivas para la transformaciòn social.

3) Defender nuestros territorios en su integralidad, de la patentización de la naturaleza, la privatización de los recursos naturales, la explotación indiscriminada. Denunciando y enfrentando los mecanismos de todo tipo que se implementen por parte del Estado para implementar sus políticas en este aspecto. Mecanismos que van desde las ONGs u organismos llamados de la sociedad civil, hasta mecanismos militares y paramilitares.

4) Construir una verdadera política agraria con los pequeños y medianos productores y comunidades étnicas, complementaria a la titulación colectiva de la tierra y las disposiciones que viabilicen la construcción de Territorio, de manera tal que seamos màs eficaces en la conquista de las exigencias que hagamos a este Estado.

5) Las comunidades no debemos acordar ni adelantar negociaciones con las empresas transnacionales que pretenden ejecutar megaproyectos en sus territorios, pues estos son nefastos para las comunidades y sus entornos vitales. Se propone adelantar procesos de denuncia del saqueo que realizan en nuestros territorios, además capacitación y acompañamiento tendientes a generar alternativas que consulten los intereses populares.

6) Proteger la producción nacional con aranceles y subsidios acordes a la situación de los productores y el mercado nacional y derogar los acuerdos de comercio exterior que sean lesivos para los productos agropecuarios nacionales, propendiendo por la construcción de la comunidad económica de las naciones Latinoamericanas y del Caribe .

7) Como principio de lucha y resistencia, defender la economía tradicional campesina, mestiza, indígena y afrodescendiente porque garantiza la soberanía alimentaría, genera empleo, estabiliza el sector primario como base para desarrollar otros ámbitos de nuestra economía, contribuye al desarrollo de una sociedad en paz y además porque la economía parcelaria es viable dada que es la única que puede servir de base para la creación de técnicas que armonicen con las leyes de la naturaleza en contradicción con la técnica dela plantaciòn.

7.1 Defender los productos y saberes tradicionales de los campesinos: mestizos, indígenas y afro descendientes como por ejemplo los calendarios y las técnicas agrícolas para la siembra y la cosecha, la medicina tradicional, la gastronomía, el folclor y las artes.

7.2 Implementar un sistema agroecológico que propenda por la autónomìa alimentaria y la biodiversidad y refleje la resistencia de los campesinos: mestizos, indígenas y afrodescendientes al monocultivo

7.3 Recuperación y protección de las semillas no modificadas genéticamente.

7.4 Recuperación, sistematización y formación con base en el conocimiento de las técnicas propias de la economía parcelaría

7.5 Recuperación de tierras para la creación colectiva de los territorios.

7.6 Implementar el desarrollo de formas de propiedad campesina colectiva, estimulando las ya existentes y fortaleciendo su organización como por ejemplo las zonas de reservas campesinas.

7.7 Fortalecer todas las formas colectivas de intercambio, mercadeo y trueque de saberes productos y semillas.

8.) Los territorios étnicos deben estar especialmente protegidos y serán de suficiente extensión y calidad para cada comunidad, situación que le permita su perfecto modo de vida de acuerdo a su cosmovisión y necesidades culturales y sus formas de producción. Se apoyará su organización autónoma, respetando su cultura, su idioma y su relación con la tierra.

9.) Mejorar las condiciones de vida rural llevando servicios públicos básicos, como la electrificación, mejoramiento de vías, educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, priorizando sistemas que promuevan la autonomía de las comunidades como es el caso de las fuentes de energía alternativa. Dichos programas serán financiados por el Estado y ejecutados de acuerdo a las políticas populares.

10) Resistencia ante la actual legislación minera y a la utilización del territorio colombiano con este fin por parte de grandes compañías industriales nacionales e internacionales.

11) Rechazo contundente a la política que encarna el nuevo estatuto rural, que en conjunto con la Ley Forestal, la Ley de Aguas y paramos y el articulo 4 de la Ley 1032 de 2006 que abona el terreno para la implementación del TLC , pretendiendo que los únicos ocupantes del campo a largo plazo sean los pobladores “eficientes y productivos”, dejando por fuera a la mayoría de la población campesina, mestiza indígena y afrodescendiente del país que son finalmente aquellos que podrian garantizar la actualmente deteriorada soberanía alimentaría de la nación Colombiana.

PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO (PUPSOC)

“LA LUCHA EN CADA DIA, EN CADA ACCIÒN, EN CADA SURCO.
CONSTRUYENDO UN SISTEMA POPULAR CONTRA LA EXPLOTACIÒN CAPITALISTA.”

Tesis: Para el trabajo en el Sector Indigena

TESIS SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO

PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE (PUPSOC)

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Tesis para el trabajo en el Sector INDIGENA.

Como es de conocimiento histórico, la tragedia qué padecemos los pueblos indígenas del continente y de nuestro país, inicia desde el mismo momento en que se dio la invasión española. También desde esa época los pueblos indígenas recogemos y encarnamos la resistencia por la recuperación de la tierra, la unidad, la autonomía, la cultura e identidad. En este camino nos hemos hermanado con otros sectores populares y políticos, con el fin de converger nuestra resistencia en una gran lucha de clases por la edificación de una sociedad justa.

En Colombia subsistimos actualmente 85 grupos étnicos, dispersos por toda la geografía nacional, habitamos en las costas, desiertos, cordilleras, selva y paramos; cubrimos un 25% del territorio nacional, representamos sólo el 2% de la población colombiana (1.000.000 de habitantes aproximadamente) y hablamos 64 idiomas. Estamos organizados de forma tradicional en cabildos, asociaciones de cabildo, concejos regionales y organizaciones de carácter nacional; los postulados políticos son: unidad, territorio, cultura y autonomía.

Actualmente el movimiento indígena Colombiano atraviesa por una serie de dificultades, pues aún no se resuelven las necesidades más sentidas de nuestra población, porque la clase social burguesa que gobierna nuestra patria nos excluye y privilegia los intereses de las multinacionales, los empresarios, terratenientes y mafiosos, en detrimento de la autonomía territorial indígena, so pretexto de qué poseemos mucha tierra y de que en ella hay gran biodiversidad y riqueza.

El Régimen actual del presidente Álvaro Uribe Vélez viene golpeando por igual a todos los sectores populares, incluidos nosotros. Su política fascista se caracteriza por la aplicación e implementación de políticas antipopulares como son la seguridad democrática que no es mas que el pretexto para el arrasamiento de las comunidades rurales por medio de excusas que las señalan de insurgentes y terroristas; el estado comunitario y el TLC que incursiona el la autonomía de las comunidades indígenas y por su naturaleza y fin es apenas de esperar que destruya la identidad cultural, la soberanía y la dignidad de las comunidades rurales.

Sumado a esto, consideramos que las organizaciones indígenas en su interior presentan obstáculos que no permiten el avance de la lucha, dichos inconvenientes se manifiestan de las siguientes formas: La actual dirigencia indígena presenta contradicciones en la visión y accionar de sus principios fundamentales como la autonomía, la autoridad y el territorio; en los últimos años esta dirigencia ha reducido la defensa de estos principios, como unos derechos que hay que arrebatarle a comuneros, negros y campesinos, pero no al Estado. La concepción indigenista en algunas ocasiones, tendiente al racismo, es otro elemento que afecta la lucha popular, en tanto que no permite la unidad.

Otra situación que ha influido negativamente en el avance de la resistencia indígena, consiste en el manejo de recursos económicos trasferidos por el estado y algunos organismos de cooperación internacional, quienes condicionan y convierten a las autoridades tradicionales en simples administradores de recursos económicos y en ejecutores de proyectos y planes de vida, logrando con esto que tanto autoridades como comuneros dejen de lado la verdadera lucha agraria que se debe librar en el país. Acarreando problemas adicionales como las desconfianzas y la pèrdida de poder y de mistica en el trabajo por asumir funciones de autoridad administrativa descentralizada ese es el camino para la burocratización de los lideres.

Pese a esto consideramos que los pueblos indígenas de nuestro país somos un elemento fundamental en la lucha popular para la construcción de una Patria Libre, Soberana y Justa. En estos procesos es justo reconocer el aporte de los grupos étnicos, con la conservación tradicional de sus formas organizativas, su lucha por la recuperación y liberación de la madre tierra, su vocación comunitaria o colectiva y la preservación de sus usos y costumbres, entre otros elementos.

Ante el panorama expuesto anteriormente las organizaciones indígenas de base pertenecientes al “Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano” (PUPSOC) proponemos las siguientes tesis para unificar la lucha popular:

1. Adoptar como conceptos de lucha indígena en el Sur Occidente Colombiano los siguientes principios para aplicarlos a la realidad:


a. UNIDAD (Entre los indígenas y con el pueblo oprimido en general).
b. TERRITORIO (Entendido como una construcción histórica, producto de las dinámicas económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas de una comunidad).
c. IDENTIDAD (Como apropiación, rescate y defensa de nuestra cultura).
d. AUTODETERMINACIÓN (En el entendido que solo se puede llevar a cabo como parte del pueblo explotado y trabajador mediante la solución de los problemas estructurales de la sociedad).
e. RESISTENCIA (Como lucha contra toda política o acción Estatales, que vaya en contra de los intereses y valores del pueblo).
f. JUSTICIA (Entendida como igualdad social y democracia económica y polìtica).
g. MORAL (Entendida como el comportamiento del individuo en bien del interés de la comunidad).

2. Reivincar los siguientes elementos políticos en nuestra lucha local, regional, nacional e internacional:

a. Instar a que se busquen caminos que conduzcan a acuerdos políticos al conflicto social y armado, y a que se abran las puertas a la reconstrucción verdadera de los pueblos indígenas y de la nación colombiana.
b. Trabajar en unidad con otras organizaciones indígenas y populares por la conquista de reivindicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Para esto se hace necesario plantear el dialogo y reflexión sobre los procesos de sectorización que ha fomentado el estado y que en algunas regiones ha generado aislamiento y distanciamiento entre mestizos, indígenas y afrodescendientes, favoreciendo de esta forma la división y el enfrentamiento entre las comunidades. Por lo anterior el proceso de unidad debe basarse en un principio de solidaridad de clase entre los sectores populares que luchan por objetivos comunes entendiendo que la unidad no se construye borrando las diferencias, sino valorándolas y encontrando un camino común. Para este fin es importante reconocer el poder de organización y coordinación de las comunidades indígenas fundamentado en los principios que históricamente han sido reivindicados por las comunidades indígenas y sus líderes verdaderamente comprometidos con la causa popular.
El reconocimiento y fortalecimiento de la identidad étnica y cultural de los indígenas no debe dejar de lado la construcción de identidad popular y de unión con los pueblos del mundo. No deja de lado la defensa de la soberanía nacional respecto de injerencias de gobiernos y empresas extranjeras que llegan a los territorios con intereses económicos particulares bien definidos. Es básica la construcción y el fortalecimiento de identidad popular entre las etnias y sectores sociales excluidos y sometidos por la clase dominante.

c. Recuperar, ampliar y sanear territorios por vías de hecho, ya que los procesos de negociación con el estado no permiten una verdadera redistribución de las tierras. Se debe buscar que este proceso no afecte pequeñas propiedades individuales ni procesos colectivos de otros grupos culturales. El horizonte de dichos procesos debe ser la recuperación de la totalidad del campo colombiano para los campesinos: indígenas, afrodescendientes y mestizos, impulsando la coordinación de las luchas por la tierra. En el caso de los departamentos que cuenten con zona plana se debe buscar la recuperación de estos territorios que han sido brutalmente expropiados.
d. Accionar en pro de la soberanía y resistencia alimentaría en desarrollo de la economía propia reconociendo y respetando la diversidad en las formas de producción enmarcados en procesos de resistencia popular.
e. Defender el patrimonio genético, de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables y no renovables amenazados por el TLC.
f. Defender el patrimonio cultural entendido como usos, costumbres, lengua, creencias, conocimientos, autoridades tradicionales y sitios rituales, rescatando espacios para que los mayores ejerzan su autoridad moral, tradicional, cultural y política y puedan ser verdaderos consejeros de las comunidades, fortaleciendo la resistencia cultural en las nuevas generaciones.
g. Proteger, recuperar y conservar el medio ambiente con el fin de mejorar el modo de vida de las comunidades y como forma de contener el daño ocasionado por las multinacionales, los megaproyectos y por el gobierno a través de las fumigaciones.
h. Propender por un ordenamiento territorial de los pueblos indígenas acorde a sus planes de vida
i. Desarrollar una legislación y sistema de justicia propios en aras de conformar gobiernos autónomos en defensa de la territorialidad.
j. Exigir garantías del derecho a la salud gratuita y con cobertura total. Además del rescate e impulso de la medicina tradicional.
k. Exigir garantías del derecho a la educación gratuita, integral para todos los indígenas. Elaboración e implementación de un modelo educativo intercultural que recoja nuestras realidades organizativas, sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales y que contribuya al desarrollo de los planes de vida y al fortalecimiento de procesos productivos autóctonos; y que permita el acceso al conocimiento científico y tecnológico en favor de los pueblos indígenas.
l. Exigir el reconocimiento y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas como también el respeto pleno a los derechos humanos por parte del estado.
m. Buscar la integración con otros pueblos indígenas y no indígenas de Latinoamérica en defensa de la soberanía nacional y en contra de toda forma de saqueo y opresión.

3. Frente al derecho propio del pueblo indígena:
• Lo construiremos con distanciamiento crítico del derecho dominante en Colombia, basado en un sistema punitivo absurdo que simplemente castiga pero no forma.
• Revisaremos a profundidad (replantear) de los reglamentos internos, una aclaración de derecho propio, ya que la justicia ordinaria ha intervenido en las dinámicas propias de los indígenas. Se esta replicando el esquema de la politiquería colombiana. La sugerencia se debe hacer a las bases.
• Defenderemos el derecho propio y reglamentos internos deben ser elaborados y aprobados comunitariamente por las bases del pueblo indígenas

4. Revisaremos desde la base indígena, lo que hoy se esta impulsando desde ciertas organizaciones o dirigencias indígenas; quienes asesorados por algunos tecnócratas indigenistas, ONG’s nacionales e internacionales y funcionarios estatales especializados, vienen orientando planes de ordenamiento territorial, planes de vida y formas de organización y funcionamiento de los cabildos a favor de sus intereses. Es necesario replantear la función de los cabildos y sus dirigentes la cual se debe direccionar hacia el bienestar de la comunidad y no a la satisfacción de intereses particulares.

5. No aceptaremos y combatiremos la autonomía comercial que el Estado viene promoviendo al interior de la dirigencia y burocracia indígena para favorecer los intereses del capital, al promover la venta del territorio y la biodiversidad directamente entre las autoridades indígenas y las transnacionales. Propenderemos por el adecuado ejercicio de la autonomía en la que se vean reflejadas las decisiones nacidas del seno de la propia comunidad.

6. Rechazamos de manera crítica el proyecto de Ley de Desarrollo Rural y otras legislaciones referentes al tema agrario que viene promoviendo el estado pues identificamos las implicaciones directas para las comunidades indígenas



PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO (PUPSOC)

“LA LUCHA EN CADA DIA, EN CADA ACCIÒN, EN CADA SURCO.
CONSTRUYENDO UN SISTEMA POPULAR CONTRA LA EXPLOTACIÒN CAPITALISTA.”