Tesis: Sobre Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola

SOBRE CULTIVOS DE COCA MARIHUANA Y AMAPOLA.

La aparición y persistencia de los cultivos de coca, marihuana y amapola en Colombia, tienen como causa fundamental la aplicación de políticas en contra de las comunidades rurales desde comienzos de la segunda mitad del siglo veinte.

La implementación del capitalismo en el campo a través de paquetes tecnológicos como la revolución verde, sistemas de crédito con altas tasas de interés para favorecer al sector financiero, y la promoción de monocultivos para las exportaciones, en franca y desleal oposición a la producción nacional de alimentos acompañada de una cada vez mayor desprotección del campo y de un incremento acelerado en la importación de alimentos y materias primas de origen agropecuario, trajeron la ruina al campo y obligaron a campesinos afrodescendientes e indígenas a recurrir a los cultivos de Marihuana, Coca y Amapola como única vía posible de subsistencia ante la agresión económica del estado.

Desde la implementación del pacto de Chicoral en los años 70 se ha negado la posibilidad a las comunidades rurales de adquirir predios dentro de la frontera agrícola, lo que ha conllevado a que se desarrollen las zonas de colonización en tierras que no son igual de fértiles a las del interior de dicha frontera. A las comunidades no les queda otra alternativa que sembrar la coca pues es el único cultivo que les son realmente rentable. Por lo anterior afirmamos que la situación a la cual se ven enfrentados los cultivadores de coca, amapola y marihuana, producto de la represión por parte de las políticas antidrogas, es fruto de una política de estado lesiva y que no busca solucionar la problemática de manera estructural.

Reconocemos que el objeto de dichas políticas no es acabar con los cultivos ni brindar soluciones a las comunidades involucradas pues es evidente que el gobierno esta utilizando la persecución a estos cultivos como herramienta de desplazamiento forzado, asociándolo a la guerrilla y tildándolo de narcotraficante.

Estos cultivos hacen parte de las prácticas tradicionales de algunas comunidades lo cual es desconocido por la política antidroga que arrasa con dichas tradiciones satanizando el cultivo y consumo de dichas plantas.

Antecedentes de la política antidroga.

Desde su calificación de ilícitos por parte de las Naciones Unidas en la década del sesenta, el gobierno nacional y la comunidad internacional han definido como estrategia para combatirlos, una combinación de mano dura como las fumigaciones con agro tóxicos comercializados por multinacionales, una guerra biológica, procesos de judicialización, detenciones, señalamientos, desplazamientos, asesinatos y una serie de programas de carácter asistencialista que no apuntan a resolver las causas estructurales que dieron origen a estos cultivos.

Como resultado, un permanente y total fracaso de esta política, el mecanismo de las fumigaciones con agrotoxicos no ha arrojado los resultados esperados porque a una fumigación de los cultivos, le sigue una nueva y mayor siembra por parte de los campesinos, con lo cual, la fumigación lo único que logra es destruir el medio ambiente, los cultivos de pan coger y la salud de las personas.

El segundo mecanismo de esta estrategia, son los programas de sustitución. El Fondo de desarrollo rural integrado (DRI), iniciado en los años 70, los proyectos alternativos de las Naciones Unidas años 80 y 90, y el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) década de los noventa, programa Plante con sus pactos sociales y los programas de erradicación temprana (PILDAET), programa de familias guarda bosques, laboratorios de paz, centro de convivencia y paz de Valle en Paz, programa RESA y los últimos dos mecanismos, erradicación forzada manual y pago de recompensas por informar sobre cargamentos y cultivos dentro de la estrategia del Plan Colombia.

Todos estos programas han estado permeados por una enorme corrupción dentro de estamentos como la Policía, el Ejercito (incluidas las tropas norte americanas que hacen presencia en nuestro país), el DAS, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, autoridades civiles, políticos, y ONGs que ejecutan los programas de sustitución y erradicación.

Son tres décadas de repetidos fracasos y despilfarro de miles de millones de pesos aportados mediante impuestos por los colombianos y por los habitantes de los países de Europa y norte América con los cuales solo se ha logrado incrementar el precio de la cocaína y la heroína haciendo mas lucrativo el negocio, no solo de quienes exportan estupefacientes desde Colombia sino para la monsanto, que le vende el glifosato al gobierno colombiano, pero también le vende herbicidas a los productores de hoja de coca para que controlen las malezas en los cultivos, y para las multinacionales que producen agroquímicos utilizados en grandes cantidades en los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Otro sector que se ha beneficiado del tráfico internacional de estupefacientes es el sector financiero, al que sin embargo no se le ha reprimido con la fuerza y la insistencia con que lo han hecho con los campesinos de Colombia, Perú y Bolivia. Así como empresas productoras de automotores que venden sus mercancías en contextos relacionados con el narcotráfico.

Las cifras sobre disminución de las áreas plantadas en Colombia son inexactas por no decir falsas, son amañadas con la intención de producir confianza en los gobiernos de los países que financian esta política, pero la realidad es que la disminución de los cultivos es leve y transitoria.

Cuales son las verdaderas intenciones de esta política.

Ante la insistencia ciega de los gobiernos Colombiano y Norte Americano por erradicar los cultivos proscritos mediante fumigaciones y proyectos asistencialistas cabe preguntarse ¬ si realmente desean acabar con el negocio ilícito de las drogas o es la política antidroga solo la excusa para alcanzar otros objetivos como el desplazamiento de las comunidades y la expropiación de sus territorios.

Los cultivos de Marihuana en el Departamento del Cauca, surgen a finales de la década del setenta, para comienzos de los ochenta, ya existían plantaciones de Coca en el norte y occidente del Cauca, en los noventa se da una bonanza Amapolera en los Departamentos de Cauca y Nariño.

La represión militar y paramilitar, acompañada de fumigaciones y fracasos en programas de sustitución como el plante, pactos sociales y programas de erradicación temprana pildaet hacen que los cultivos de coca se trasladen masivamente a los departamentos de Nariño, valle y Cauca especialmente a sectores de la costa pacifica.

Hoy los campesinos de estos tres Departamentos, sufren como los del resto del país, una crisis económica y social sin precedentes, a la caída en los precios del café, le sobrevino la importación masiva de alimentos del Ecuador y Estados Unidos llevando a la quiebra bastos sectores de la producción agropecuaria regional.

En este marco de pobreza generalizada siguen fortaleciéndose los cultivos de Coca, y aun subsisten en menor proporción cultivos de Marihuana, única salida económica posible del campesinado, a lo que el gobierno responde con fumigaciones, represión y propuestas inviables como la sustitución por caucho o palma africana buscando fortalecer con ello su política de agronegocios en beneficio de los agroindustriales, las transnacionales y el sistema financiero, reproduciendo formas de explotación colonial como la aparcería y dejando intactas las causas reales de la aparición de estos cultivos.

El problema de los cultivos de coca, marihuana y amapola si tiene solución

Esta solución no puede estar ligada a la actual política agropecuaria nacional, impuesta por las multinacionales de la agroindustria y la agroalimentación, debe romper los esquemas anteriores del garrote y la zanahoria y definir una nueva política agropecuaria para el campo colombiano.

Por consiguiente consideramos que una solución gradual pero definitiva debe contener los siguientes elementos.
1. Formular, y ejecutar planes de vida o desarrollo de largo plazo construidos por la comunidad de manera autónoma y participativa los cuales deben ser financiados por el gobierno nacional y la comunidad internacional a quienes se les debe exigir voluntad política para solucionar el problema de manera estructural.

2. Lograr de manera gradual la sustitución de los cultivos proscritos una vez los programas y proyectos en ejecución y contemplados en el plan de vida o desarrollo hayan generado las condiciones económicas y sociales que permitan dicha sustitución.

3. Constituir mecanismos de participación decisoria de la comunidad en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos mediante los cuales se logre en el mediano y largo plazo la sustitución de los cultivos proscritos.
4. Exigir la suspensión inmediata de las fumigaciones con agrotoxicos por sus nocivos efectos en la salud humana, la flora , fauna, aguas y suelos de nuestro país, además porque afectan la salud de animales domésticos y peces.

5. Crear entre las comunidades productoras a través de sus organizaciones, y la comunidad internacional a través de sus organizaciones y gobiernos una mesa de concertación en la cual se discutan, acuerden y evalúen los programas y proyectos que ellos financien.

6. Contar con una mesa de concertación permanente en la cual participen gobierno nacional mediante los ministerios y entidades del orden nacional que se definan y que sean necesarias para la implementación de los planes de vida o desarrollo de las comunidades, delegados de las organizaciones involucrados en el proceso y gobiernos de los países comprometidos con la financiación de los planes, alcaldes municipales, gobernadores de los departamentos, delegados del congreso de la republica, la procuraduría y la defensoria del pueblo y representantes de las organizaciones de las comunidades campesinas, indígenas y afrodecendientes.

Estos planes de vida o desarrollo de las comunidades rurales, deben ser incluidos en los planes de desarrollo los distintos niveles de la administración pública y darles continuidad como política de estado. De igual manera deben ser formulados y ejecutados obedeciendo a los siguientes principios:

• Participación de la comunidad en la formulación ejecución y evaluación.
• Autonomía de las comunidades para formular los planes programas y proyectos.
• Transparencia en el manejo de los recursos económicos.
• Respeto por los valores culturales de las comunidades rurales.
• Respeto por el medio ambiente.
• Reconocimiento y respeto de los derechos civiles, políticos económicos, sociales, ambientales y culturales de las comunidades rurales.
• Respeto por la soberanía nacional y alimentaría propendiendo por la recuperación y conservación de las semillas nativas.
• Reconocimiento de las formas organizativas autónomas de las comunidades rurales.

6. Buscar la solidaridad de sectores populares, organizaciones de base, gobiernos vecinos principalmente para con las comunidades cultivadoras con el fin de hacer presión política para que la problemática sea resuelta estructural e integralmente y no por medio de la fuerza y el abuso de poder.

7. Construir una plataforma mandato que incluya las exigencias y principios que salgan de las discusiones de las comunidades involucradas en esta problemática, donde se exija el retorno y no desplazamiento de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de sus tierras, se rechace la guerra biológica, la revolución verde y la nueva tecnología biológica.

8. Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos nativos le dan a los cultivos proscritos.

9. Rechazar la penalización y criminalización de los cultivos de coca, marihuana y amapola, así como sus usos y comercialización tradicional.

10. Exigir se respete el libre ejercicio del derecho a la movilización y la protesta de las comunidades rurales afectadas por esta problemática social.